En marzo de 2020, a pesar del pleno apogeo de la pandemia por COVID 19, y que el Ministerio de Administración Pública (MAP) incluyó al Ministerio de Hacienda entre los entes y órganos de la Administración Pública que debían cerrar o reducir las actividades al mínimo, todo el personal de la Dirección General de Crédito Público de esa cartera laboró de manera presencial y permanente.
Así lo indica el documento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los imputados en la operación Calamar, explicando que a estos servidores públicos se les requirió en la institución, en ese momento encabezada por el hoy imputado Donald Guerrero, para poder hacer posible la erogación de los diecisiete mil cuatrocientos cuarenta millones trescientos ochenta y un mil setecientos treinta pesos con 11/100 (DOP 17,440,381,730.11), debido a que había una presión para que se hieran esos pagos.
Explica el expediente, además, que para poder lograr la conversión en efectivo de tal cantidad de valores en un breve período, sin activar los mecanismos de alarma del sistema de control del banco, la organización criminal contó con el conocimiento, autorización y complicidad de Andrés Guerrero, contralor del Banco de Reservas.
De acuerdo al Ministerio Público el 30 % de los fondos expropiados de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero, fueron entregados por partidas a financiar las campañas del candidato presidencial del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la persona de Gonzalo Castillo.
