La mayoría de los lectores de N Digital consideraron que en el entramado de corrupción, operación Calamar, investigado por el Ministerio Público (MP), faltan más personas que podrían estar vinculadas al caso.
Estas declaraciones, se deben a que recientemente un total de 22 personas, conformadas por exfuncionarios que dirigían entidades públicas del país están siendo investigadas por su posible vinculación a la referente red de corrupción que le costó al Gobierno algunos RD$18, 245,268,721.61, equivalente al 28% del Producto Bruto Interno de la República Dominicana al 2020, superior a 69,153 millones de euros.
Los imputados son: Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Luis Miguel Piccirilo Mccabe, Claudio Silver Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola, Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero.
El Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas fueron usadas como bases operativas de la estructura criminal de los encartados en la Operación Calamar para estafar, desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como un rehén de la corrupción.
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En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
