Lima, 26 mar (EFE).- El 91 % de los peruanos desaprueba el desempeño del Congreso, la cifra más alta registrada desde el inicio de sus funciones, en julio de 2021, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada este domingo en el diario La República.
El sondeo, realizado entre los días 18 y 22 de marzo, y con un margen de error de +/-2,8 puntos porcentuales, revela que 9 de cada 10 ciudadanos rechaza la gestión del Parlamento, mientras que solo el 6 % la aprueba.
En lo que va de año, el hemiciclo peruano fracasó en reiteradas ocasiones en su tentativa de aprobar un adelanto de elecciones generales para 2023 o 2024, uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que arrancaron en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
El estudio del IEP muestra que el 50 % de la población peruana considera que las manifestaciones sociales lograrán la anticipación de comicios, mientras que el 43 % piensa que esta demanda no se alcanzará.
En esa misma línea, el 53 % de los encuestados cree que el estallido social tampoco hará que la presidenta Dina Boluarte renuncie, frente a un 41 % que piensa que sí se conseguirá su dimisión.
Según la encuesta, la desaprobación a Boluarte se sitúa alrededor del 78 %, mientras que un 15 % respalda a la mandataria, quien asumió la presidencia del país por sucesión constitucional, como vicepresidenta de la fórmula de Castillo en las elecciones de 2021.
MOCIÓN DE DESTITUCIÓN El presidente del Congreso, el militar retirado José Williams, declaró este sábado que la cámara debatirá esta semana una moción de vacancia (destitución) impulsada por grupos de izquierda contra Boluarte por “permanente incapacidad moral” al señalarla como responsable de las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales.
En declaraciones al canal estatal TV Perú, Williams afirmó que la moción de destitución presidencial se evaluará el jueves, pero evitó responder si, en caso de lograr los votos necesarios, él asumiría la jefatura de Estado, tal y como establece la Constitución.
La normativa señala que, el día del debate y la votación de la moción, la presidenta puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistida por su letrado y que, para prosperar, se requiere el voto a favor de dos tercios del número legal de los 130 miembros del Parlamento.
Por las muertes ocurridas durante el estallido social, Boluarte y otros integrantes de su Gobierno están siendo investigados preliminarmente por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
A raíz de las protestas contra el Gobierno, han fallecido en Perú 77 personas desde diciembre, 49 de ellas en enfrentamientos con las fuerzas del orden y 6 soldados ahogados en el río Ilave, en Puno.
También perdió la vida un policía que fue quemado vivo, siete migrantes haitianos que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos, debido a los bloqueos, la misma razón que causó la muerte a otros 11 peruanos.
Boluarte confirmó, además, otro fallecimiento de un paciente que quedó retenido en los bloqueos, y Unicef el deceso de un bebé nonato, mientras que la Policía reportó la muerte de una mujer en la región norteña de La Libertad.
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