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FENATTRANSC se suma como querellante en el caso Calamar

FENATTRANSC

Este domingo fueron depositadas nuevas querellas contra los encartados en el caso Calamar, así lo expresó Wilson Camacho,  procurador adjunto de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), razón que motivó el aplazamiento del conocimiento de la medida de coerción de los mismos

Las victimas querellantes que figuran en unos de los expedientes introducidos recientemente en este caso son la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (FENATTRANSC) y sus sindicatos afiliados, debidamente representados por el José Nicasio Díaz Guzmán (Mario Díaz).

Estos “constituidos en actores civiles presentaron en fecha 13 de mayo del año 2021 una denuncia querella constituida en actor civil en contra de José Ramón francisco de Jesús Peralta Fernández, Ángel Donald Guerrero Ortiz, Simón Lizardo mezquita y Gustavo Adolfo Montalvo, interpuesta por Casimiro Antonio marte familia en representación de la Confederación nacional de organizaciones del transporte (CONATRA) y la Federación nacional de trabajadores del transporte social cristiana (FENATTRANSC); cabe destacar que el señor Casimiro Antonio marte familia y CONATRA, desistieron como querellantes y actores civiles manteniendo su condición de denunciante, sin embargo, la Federación Nacional de Trabajadores del transporte social cristiana (FENATTRANSC) y José Nicasio Díaz Guzmán no lo hicieron”, así consta en el documento de la querella introducida por esta y su representante.

Pese a que esta acusación contra con los exfuncionarios había sido presentada formalmente el 13 de mayo del 2021, no se le había dado el seguimiento debido, según afirmó su representante, a la posible falta de voluntad del Ministerio Público.

El querellante pretende fundamentalmente que el Ministerio Público inicie la investigación correspondiente, a los fines de determinar los posibles actos de corrupción administrativa, dado que no existe una explicación lógica para haber negado al país a través de sus organismos organizados como sindicatos y compañías de transporte el mejoramiento de la calidad vial y el cambio de las flotas de los vehículos destartalados del transporte público, así como el uso dado a más de RD$17 mil millones que fuero recaudados durante 8 años (2012-2020) mediante el impuestos de dos pesos por galón a la gasolina y el gasoil Premium.

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