En los casos Coral y Calamar, que lleva a cabo el Ministerio Público contra la corrupción pública en el país, tienen algo en común y es que en ambos pastores cristianos han pasado a formar parte de los imputados que el órgano persecutor acusa de enriquecimiento ilícito.
Estos llamados “cristianos”, según el Ministerio Público, han cometido escandalosos actos de corrupción en detrimento del Estado dominicano. Es poco probable ver personas que profesan la fe involucradas en este tipo de delitos.
En el caso Coral hay una pastora que cumplió 18 meses de prisión preventiva y ahora se encuentra en prisión domiciliaria, mientras que en el caso Calamar hay una pareja de esposos pastores que están a la espera que se le dicte medida de coerción, la cual es posible que sea prisión domiciliaria, ya que colaboraron con el Ministerio Público y admitieron los hechos que se le imputan.
Se trata de la pastora Rossy Guzmán, del caso Coral y a la que el Ministerio Público acusó de ser testaferra del mayor general Adán Cáceres, y de los pastores Yajaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández, a quienes se le imputa de robar identidad y falsificar documentos para estafar al Estado con más de 550 millones de pesos.
Caso pastores en Calamar
El documento judicial indica que la pareja de esposos se asoció para constituir una compañía mediante la cual usurparon la propiedad de tres parcelas declaradas de utilidad pública ubicadas en la franja malecón pertenecientes a dos razones sociales conocidas como Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A y El Algodonal C. por A., ¨falsificando y haciendo uso de documentos falsos para acreditar que su compañía era la legítima propietaria de las parcelas reclamadas en pago por expropiación¨.
Según el Ministerio Público, de los más de 500 millones de pesos fueron cedidos más de 408 millones a la estructura criminal utilizada por el imputado Donald Guerrero, para adueñarse de parte del dinero que desde el Ministerio de Hacienda era pagado por concepto de expropiación¨.
Por otro lado, en 2017 los imputados Roberto Santiago Moquete, Ramón David Hernández y Yahaira Encarnación Brito, presuntamente se asociaron para, a través de maniobras fraudulentas, realizar la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A. y Desarrollos Rurales S.A., pasándolas a su nombre, así como la constitución de una nueva compañía con el nombre de Inmobiliaria Santa Bárbara S.R.L., con el fin de usurpar la personería jurídica de la compañía original Inmobiliaria Santa Bárbara S.A.
¨El imputado Ramón David Hernández en asociación de malhechores con su esposa, la imputada Yahaira Brito Encarnación o Yahaira Brito Evangelista, el fenecido Víctor Fermín Sepúlveda Aristy y otras personas que están siendo objeto de investigación, con el único fin de suplantar la personería jurídica de las sociedades El Algodonal C. por A., y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A., en fecha siete (7) de marzo del año 2017 constituyó la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., con la cual usurpó los derechos reales que tenían sobre las parcelas 74-C, 142-C y 214-B del DC 2, del Distrito Nacional, las hoy víctimas, razones sociales El Algodonal C. por A., y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A¨, describe el documento.
Según la solicitud, el imputado Ramón Hernández, quien trabajó en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, tuvo acceso a información privilegiada de las compañías que tienen inmuebles y se han mantenido inactivas durante muchos años (perdiendo en consecuencia el Registro de Nombre en la ONAPI, y poseen desactualizado el Registro Mercantil), y preparó con esas informaciones la documentación necesaria para implementar procesos de transformación de compañía, en unos casos, o constituir una nueva compañía con nombre comercial similar, ¨todo esto con el fin de apropiarse indebidamente de los inmuebles registrados a favor de esas compañías inactivas¨.
Caso pastora Rossy Guzmán en Coral
De acuerdo al expediente instrumentado por el Ministerio Público para la solicitud de la medida de coerción a los implicados en la Operación Coral, la pastora Rossy Guzmán, constituyó varias empresas para lavar dinero, utilizó el templo que dirigía e involucró a familiares para lograr el objetivo del entramado.
La pastora adquirió la empresa Único Real State y un apartamento ubicado en Balcones del Atlántico, Las Terrenas Samaná, el cual aparece con un supuesto préstamo que realizó el coimputado Raúl Girón, pero todo es una operación de lavado de activos.
Según el expediente, a raíz del inicio de las investigaciones del Ministerio Público, se trató de encubrir el apartamento en referencia en una supuesta acta de asamblea del 21 de diciembre del 2020, donde se trata de pasarle ese apartamento como un supuesto pago al ciudadano Vicente Girón de la Cruz, quien vive en Estados Unidos, “pero era mentira”.
La imputada Rossy Guzmán y el imputado Rafael Núñez de Aza, le lavaban al imputado mayor General Adán Cáceres, las casas, a través de empresas y terceras personas.
“Además de las decenas de evidencias que pesan en su contra, no es difícil establecer que la bonanza económica que demuestra la imputada Guzmán no se corresponde con sus ingresos lícitos y ni siquiera con su real modesto estilo de vida, ya que incluso tiene bienes a su nombre que ni siquiera pudo decir al Ministerio Público su ubicación o cuánto le costaron”, dice la acusación en su contra.
