Al abogado Ángel Lockward le fue interpuesto el pago de 7 millones de pesos como garantía económica y presentación periódica, por su vinculación en la “red de corrupción”, desarticulada mediante la Operación Calamar.
Así lo había solicitado el Ministerio Público, luego de que este haya colaborado con el órgano persecutor a cambio de que no se le imponga prisión preventiva, como ha hecho en varios casos del mismo tipo que se ha visto involucrado.
El exdirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ha ocupado varias posiciones públicas, como ministro de Industria y Comercio, Embajador de Colombia, entre otras, de las cuales han salido sonados escándalos que han estremecido a la sociedad.
La lista de acciones que riñen con la ética, atribuidas al también economista se remonta a 1984, cuando fue acusado de aprovechar su posición como directivo de la Universidad CETEC para vender títulos universitarios.
No pasó mucho tiempo para que quedara libre luego de las imputaciones por los hechos.
En el año 2000 y tras su llegada al poder el entonces presidente Hipólito Mejía lo designó ministro de Industria y Comercio, posición a la que se vio obligado a renunciar luego de que estallara un fraude con el subsidio del Gas Licuado de Petróleo (Bono Gas) que representó cerca de 200 millones de pesos.
En el año 2007, durante el segundo mandato del expresidente Leonel Fernández, fue acusado por el Departamento de Prevención de la Corrupción (hoy conocido como la PEPCA), de encabezar una red integrada por otras 37 personas que vendían los cupones para el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el Gobierno de Mejía.
Pesaban contra él delitos de prevaricación y desfalco, asociación de malhechores y estafa, así como de complicidad.
En el 2008 fue descargado del expediente, quedando libre de la acusación.
El ese mismo periodo y después de su liberación, fue designado embajador dominicano en Colombia y fue cuestión de meses para que su nombre encabezara en la supuesta venta de exoneraciones para la importación de vehículos.
En aquel momento el entonces procurador adjunto y director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, hoy PEPCA, Otoniel Bonilla, aseguró que se tenía “pruebas graves en su contra por su dudoso desempeño como embajador”, estableciendo que se tenía evidencias de que desde la posición, el funcionario llegó a adquirir vehículos de lujo a nombre de los empleados de la entidad diplomática.
“Cuando el país conozca lo que nosotros encontramos en la computadora del señor Lockward entonces este país va a saber qué es lo que pasa con determinadas personas cuando van a ocupar un cargo público, y por qué nosotros hemos sido tan exigentes en que determinadas personas no ocupen posiciones en el Estado, eso es lo que ocurre”, manifestó Bonilla en ese entonces.
A pesar de estas contundentes declaraciones del funcionario de la procuraduría, el hoy encartado en el caso Calamar volvió a quedar libre.
En el año 2009 fue condenado por la Suprema Corte de Justicia, sentencia que le obligó a pagar dos millones de pesos a modo de indemnización y una multa de 500 pesos, acusado de difamar e injuriar al juez José Alejandro Vargas.
La demanda fue motivada por una publicación en la que cuestionaba la seriedad de Vargas y de sus sentencias.
El expediente de solicitud de medida de coerción contra de los imputados en la Operación Calamar, el jurista es señalado como pieza clave para legitimar los procesos de pagos por expropiaciones de terrenos fraudulentas, particularmente el área que ocupa el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
De acuerdo al expediente, este se benefició tanto a título personal como a través de la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., de más de RD$ 270 millones por el pago de los terrenos del AILA.
Los hechos que integran el complejo entramado y que envuelve a funcionarios de primera línea, ocurriendo durante el mandato del expresidente Danilo Medina (2012-2020).
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