Haber recibido dinero de forma directa o indirecta a cambio de ofrecer servicios inherentes a cargo que desempeñaba fue la razón en la que se sustenta el Consejo del Poder Judicial para emitir la resolución que por medio a la cual fue destituido el juez Juan Francisco Consoró.
Otra de las motivaciones que impulsaron la instancia fue el haber realizado gestiones en beneficio de un cuñado suyo en un proceso referente a una requisa vinculada al caso del narcotraficante Cesar Emilio Peralta “El Abusador”, quien está recluido en una cárcel de Puerto Rico.
La investigación se emprendió para comprobar si fue beneficiado económicamente para poner en libertad a un imputado por narcotráfico. Otra es el haber recibido dinero de su secretaria y de abogados que litigan en su tribunal; también de haber hecho las mencionadas diligencias en el caso de Peralta y de haber recibido dinero a cambio de un auto de no ha lugar en las audiencias preliminar en el caso Los Tres Brazos.
El órgano logró alcanzar pruebas de que el Consoró aplazó en varias ocasiones el conocimiento de una solicitud de medida de coerción a imponérsele a Sidney Rafael Matías Pérez, mejor conocido como El Fuerte, para “completar la negoción” de libertad de este hombre, “recibiendo dinero” en la provincia de Santiago, lugar de origen del imputado y su familia.
El jurista fue destituido este miércoles mediante la Resolución Disciplinaria número CPJ-2023-RES-002.
El Consejo del Poder Judicial detalló en la resolución que Consoró violó los artículos 41 numeral 3, 44, numeral 5, 60, 61 y 66 numerales 1 y 2, de la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial y el artículo 149 del Reglamento de Aplicación de Carrera Judicial.
En ese sentido, se ordenó a la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial enviar las pruebas del caso al Ministerio Público para su investigación.
