Santo Domingo.- Familiares de Edwin Sosa Javier piden al Ministerio Público investigar a fondo el expediente del joven, de 27 años, que permanece privado de libertad tras ser vinculado al robo de una jeepeta Lexus, sin pruebas que hasta el momento lo imputen en el hecho.
Edwin Sosa Javier, quien trabajaba como chofer de una empresa privada, había destinado sus redes sociales, hasta el momento de su apresamiento, para la comercialización de vehículos a cambio de una comisión al completar la venta, jamás pensó que una publicación en particular le llevaría a la cárcel.
Todo empezó el 16 de marzo del año 2022, cuando Edwin Sosa recibió por parte de Félix Alberto Pérez Pujols (un amigo) la fotografía de una Lexus 2018, placa No. G498986, junto a la solicitud de que la publique para venta en sus redes sociales.
Pasados tres días (el 19 de abril) este le notifica que la actualice como vendida, sin lograr Edwin tener ningún tipo de contacto con el vehículo.
Es a principios de junio del pasado año que los familiares del joven se enteran que está siendo buscando por miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) sin tener la menor idea de qué se trataba.
Al presentarse ante las autoridades es que se dan cuenta que el vehículo antes señalado había sido robado en San Cristóbal y hayan allí un expediente que, aún en medio de pruebas incoherentes, le llevó a recibir tres meses como medida de coerción.
Esto a pesar de que la persona que le suministró la foto declaró que nada tenía Edwin que ver con el origen del vehículo y que en cambio había sido José Bernardo Figueroa (presunto dueño) que de manera insistente le había solicitado le ayude a venderla porque necesitaba comprar dos camiones.
Dichas conversaciones fueron entregadas como prueba al Ministerio Público que opera en San Cristóbal, quienes se han negado a incluir estas pruebas en el expediente y en cambio han mantenido al joven en prisión de manera irregular tras tres aplazamientos de la revisión de la medida de coerción.
Por lo que los familiares de Edwin Sosa aseguran que buscan utilizar a su pariente como “chivo expiatorio” para eximir a los verdaderos responsables de los hechos que le han querido ateibuir, a través de un expediente que han buscado ajustar a su medida, en franca violación a sus derechos fundamentales.
Los familiares además apelan al buen accionar del la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito para que el Ministerio Público proceda a ampliar las investigaciones para llegar al fin de este caso y procedan a buscar y condenar a los verdaderos culpables.
Mientras tanto, Edwin Sosa, quien enfrenta el pesar de haber perdido su libertad, su honor y la boda por la Iglesia Católica que estaba pautada para julio del pasado año, se aferra a la justicia divina para el esclarecimiento del caso.
