Santo Domingo.– En la audiencia de revisión de medida cautelar llevada a cabo este martes en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez manifestó que necesita trabajar y participar en la educación de sus hijos.
Rodríguez expresó ante el juez Amauri Martínez, “yo necesito, participar en la educación de mis hijos, yo necesito trabajar”.
Sobre supuesta enfermedad
Una de las razones por las que el imputado, Jean Alain Rodríguez busca la variación de la medida de coerción consistente en arresto domiciliario es por las molestias que alegadamente “le provoca el grillete electrónico en su tobillo”.
De acuerdo a sus abogados defensores, presentaron certificados médicos y dijeron que el exfuncionario padece artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a muchas articulaciones, incluidas las de las manos y los pies.
“Donde está la inflamación está el grillete… no me diagnostiqué, lo dicen cuatro certificados médicos que hemos presentado aquí y no han sido refutados”, expresó Rodríguez en su tiempo de ponencia ante el juez Amauris Martínez.
El exprocurador tiene tres meses con la prisión domiciliaria y usando grilletes luego de haber agotado más de 18 meses de prisión preventiva.
En esta ocasión asegura tener los arraigos suficientes para no darse a la fuga, incluso le dijo al magistrado Martínez: “usted no será el juez que facilite la fuga de Jean Alain”.
Caso Medusa
El exprocurador general Jean Alain Rodríguez está acusado de dirigir un supuesto entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
El Ministerio Público llama a este caso Medusa y en el expediente, además de Rodríguez, acusa Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Igualmente, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
