El magistrado Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sostuvo que la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario vino a reformar lo que llamó “el obsoleto y desordenado régimen de registro de tierras para adecuarlo a las exigencias jurídicas y económicas del siglo XXI”.
Bello Ferreras hizo la afirmación durante el encuentro virtual “Intercambio sobre Modelos de Jurisdicción Agraria y de Tierras en América Latina”, en el que participó, además, el ingeniero Jhonattan Toribio, administrador general de Registro Inmobiliario, con los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El magistrado abordó el tema “Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Inmobiliaria: experiencia de la República Dominicana”, en el que resaltó que esa ley estableció un nuevo modelo organizacional con especialidad en mensura catastral y registrales, así como órganos interdependientes con igualdad de jerarquías.
El encuentro tuvo como objetivo compartir avances y desafíos de organismos especializados en la resolución de conflictos sobre tierras, además de conocer retos concretos en materia de leyes y otras herramientas de acceso a justicia.
Entre esos órganos mencionó al Tribunal Superior de Tierras y los de Jurisdicción Original; Dirección Nacional de Registro de Títulos; Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, y Administración General, cuya función administrativa pasó a ser ejercida, con la Constitución de 2010, por el Consejo del Poder Judicial.
Señaló que el Sistema Registral Inmobiliario dominicano contiene más de un millón de inmuebles registrados en el Sistema Parcelario y Catastral, y que el mismo cuenta actualmente con 1,468 colaboradores a nivel nacional y 480,000 trámites atendidos por año.
Explicó que, al presente, existen cuatro Tribunales superiores, 24 de Jurisdicción Original, 24 Registros de Títulos y cuatro Direcciones de Mensuras.
El magistrado detalló que los reglamentos actualizados en la Ley 108-05 son el Reglamento General de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria; Reglamento General de Registro de Títulos; Reglamento General de Mensuras Catastrales, y Reglamento para la Regularización Parcelaria y de Deslinde.
Entre los casos históricos relevantes que exhibe hoy día el Poder Judicial en materia inmobiliaria, el doctor Bello nombró el caso de Bahía de las Águilas, en el cual se emitieron títulos irregulares de propiedad de terrenos a favor de particulares.
“Este caso finalmente se resolvió en el 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia decidió un recurso de Casación que hizo definitiva la acreditación del Estado dominicano como dueño de los más de 360 millones de metros cuadrados que habían manejado particulares”, sostuvo el juez Bello Ferreras, quien es docente, doctrinario y articulista en materia civil e inmobiliaria.
Entre los desafíos que trae el sector inmobiliario, el magistrado citó los siguientes: mantenerse actualizados y alineados con las demandas y realidades del sector inmobiliario, ofrecer respuesta a la velocidad que el mercado inmobiliario exige y la implementación de la digitalidad en el proceso jurisdiccional.
El juez también calificó como logros importantes de la SCJ en materia legislativa la Ley de Casación, la de Uso de Medios Digitales y la Actualización de Reglamentos de la Ley 108-05.
En la reunión virtual participaron, además, especialistas en Derecho Agrario e Inmobiliario de Cuba, México y Colombia.
