Familiares del joven Edwin Sosa, quien cumple once meses de prisión como medida de coerción por publicar unas fotografías de una jeepeta supuestamente robada, aseguran que se encuentra recluido injustamente y solicitan al Ministerio Público realizar una investigación seria sobre el caso.
El calvario del Sosa empezó el 16 de marzo del año 2022, fecha en la que fue contactado por su amigo Feliz Alberto Pérez Pujols; quien envió las fotos al Sr. Sosa, le solicitó ayudarle subiéndola a Facebook MarketPlace. Indican que ante la solicitud su familiar pidió detalles sobre el vehículo, información que no recibió, por lo que decidió publicar el vehículo como vendido para que no siguieran preguntando por el mismo.
Establecen que meses después les llegó la información de que la guagua era supuestamente robada y éste estaba siendo buscado por las autoridades policiales. Indican que de inmediato decidió ponerse en disposición con la justicia para aclarar el hecho y demostrar que no tuvo participación en ningún hecho delictivo.
Anuncio colgado el Facebook MarketPlace vendiendo la Jeepeta
Relatan que fue trasladado a San Cristóbal, allí es donde se le acusa de robo a mano armada contra la señora Meyda Merarys Amador de Estrella y Rolando Jiménez Lorenzo, supuesto chofer de esta. Las supuestas víctimas de robo establecen que dos personas los despojaron de la jeepeta el pasado 20 de febrero frente a un Liquor Store en esa provincia.
Añaden que otra versión hecha por Amador de Estrella y Jiménez es que luego del robo los dos individuos desconocidos fueron a la vivienda de la señora, a un apartamento ubicado en la Av. Abraham Lincoln y que bajo amenazas el hoy apresado supuestamente la despojó de cadena de oro valorada en 150 mil pesos y le pidió 150 mil pesos en efectivo, a lo que esta le informó que no tenía efectivo y que le facilitó una tarjeta para que ellos procedieran a retirarlo en un cajero electrónico, de donde sustrajeron 40 mil pesos en efectivo.
Manifiestan que a Edwin Sosa Javier lo dejaron detenido y el martes 07 de Junio le cantaron 3 meses de medida de coerción, acusándolo por participación en una asociación de malhechores, robo a mano armada.
Resaltan que el señor Félix siempre ha estado dispuesto a cooperar con el ministerio público, pero éste no ha sido tomado en cuenta.
Deploran que la fiscal a cargo del caso Diandra Oleverria de Jesús y el Mayor Wilfredo Lebrón Sánchez, no se interesaron en realizar una investigación seria en torno al caso.
