La oficina RM Abogados & Consultores solicitó a la procuradora General de la República y presidenta del Consejo Superior del Ministerio Público, doctora Miriam Germán Brito, investigar al procurador fiscal adjunto, Manuel de la Cruz Paredes, por violación de propiedad y domicilio, y abuso de poder junto a un grupo de malhechores.
Roberto Rosario Márquez, Manuel Crespo, Domingo Villanueva y Miguel Emilio Peralta Checo denunciaron que el funcionario judicial realizó un desalojo, en una acción antijurídica de violación de domicilio en contra de Moraima Mañón Inirio, en el edificio Don Pedro, apartamento 1D, ubicado en el sector Los Ríos.
Además, acusaron a la procuradora Fiscal de la capital, Rosalba Ramos, de proteger al funcionario, encargado de la fuerza pública, ya que ha dos meses de ponerle una querella acusándolo de pretender apropiarse del apartamento, todavía no han recibido ninguna respuesta.
“A Manuel de la Cruz Paredes, director del Departamento de Ejecuciones Civiles y Auxilios Judiciales del Distrito Nacional, se le imputa haberse presentado junto a un grupo de individuos, usando la fuerza, a la vivienda propiedad de la señora Moraima Mañón, sin ningún mandato o título de propiedad que lo autorizara”, indicaron.
Los abogados demandaron que una vez admitida la denuncia, investigación y el juicio disciplinario, por las pruebas presentadas, la Procuraduría General de la República proceda a destituir al funcionario judicial por sus faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Explicaron que el procurador fiscal adjunto y sus acompañantes el pasado 16 de marzo de este año, violentaron y rompieron la cerradura para penetrar al apartamento, en momentos que no se encontraba su propietaria, quien se enteró de la acción por llamadas de sus vecinos.
“Esto es una acción inaudita, totalmente contradictoria con el Estado Social y Democrático de Derecho, en que vivimos. Dicho grupo de individuos, dirigido por el procurador Fiscal Adjunto, actuaron sin la presencia ni la autorización de un juez competente, violaron la propiedad y ejecutaron lo que ellos denominaron una acción de desalojo en perjuicio de Moraima Mañón”, expusieron.
Los abogados acusan al procurador Fiscal Adjunto de cometer faltas graves, violando los derechos fundamentales, durante el proceso de desalojo y lanzamiento del lugar del domicilio y propiedad, así como la apertura de forma violenta del apartamento propiedad de la señora Moraima Mañón.
“Sus súplicas fueron tratadas con desdén, y la acción continúo bajo el amparo de la potestad institucional, no legal en este caso, ostentada por el fiscal actuante, que ignoró los derechos de la exponente, no quiso escucharla ni investigar lo que ella le informaba o solicitaba, como es lo esperado cuando un ciudadano alerta a una autoridad sobre un error que se está cometiendo”, significaron.
