Desde el pasado 16 de marzo la vida de Moraima Mañón no ha sido la misma. El atropello del que fue víctima según cuenta por parte de un grupo de hombres bajo las órdenes del encargado del Departamento de Ejecuciones Civiles y Auxilios Judiciales de la Procuraduría general, Manuel R. de la Cruz Paredes, quienes la sacaron de su apartamento le ha quitado desde el sueño hasta las ganas de comer.
La mujer denuncia que los hombres que ejecutaron el desalojo de forma abusiva y sin documentación, violaron la entrada de la casa y a seguidas cambiaron los llavines impidiéndole el acceso al domicilio que, según narra, compró a una pareja de esposos.
Resalta que tras lograr el control del lugar le cambiaron datos de ubicación, titulándolo como 2-D cuando verdaderamente es 1-D.
“Ellos se presentaron sin documentos, sin nada que muestre la veracidad de lo que dicen. Solo dicen que ese apartamento está adjudicado mediante sentencia a un hombre llamado Raunel”, denuncia la mujer en medio de su desesperación.
En conversación con N DIGITAL, Mañón señala que tiene toda la documentación del proceso de compra del inmueble, incluyendo el acto de venta y título, y que los actuantes en el desalojo se resistieron a ponerle atención, limitándose a burlarse de ella mientras sacaban sus pertenencias de la edificación.
Puntualiza que luego de comprar el apartamento, hizo una cuantiosa inversión cambiando áreas como los pisos y en modificaciones en otras áreas.
Relata que la situación la afectado emocionalmente y que se trata de una situación que nunca imaginó que le tocaría vivir.
“Esto me ha destruido la vida. Yo compré mi apartamento con esfuerzo y de manera honrada. Nunca me imaginé que me tocaría vivir una experiencia tan amarga y tan desgastante”, dijo.
La representación de la mujer que denunció el caso ante las autoridades son los abogados Roberto Rosario Márquez, Manuel Crespo y Domingo Villanueva, quienes manifestaron que están frente a un caso de abuso y arbitrariedad que no puede permitirse.
“Es insólito que un representante del Ministerio Público, llamado a garantizar los derechos de esta mujer, haya actuado de manera contraria al derecho y la justicia”, indica la defensa.
Los juristas acusan a la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos, de proteger a De la Cruz Paredes, quien alegadamente tiene intenciones de apropiarse del apartamento ubicado en el sector Los Ríos del Distrito Nacional.
