El Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que lanzaba “una ofensiva contra los remanentes” de las pandillas para evitar “su reagrupación”.
En un comunicado, la Casa Presidencial informó que el mandatario se había reunido el domingo con su gabinete de seguridad. “Aunque estamos ganando decisivamente la guerra contra las pandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras, para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción”, subrayó.
En otro mensaje, se detalló que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil (PNC) ya están desplegadas en todo el territorio, y realizan controles vehiculares, operativos de intervención en las comunidades, registros preventivos y verificación de documentación.
La PNC notificó el pasado 16 de mayo el asesinato de uno de sus agentes a manos de pandilleros. El uniformado, identificado como Maximino Antonio Vásquez Rodríguez, fue atacado mientras patrullaba con unos colegas en el cantón El Zapote de Nueva Concepción.
Tras el asesinato, las autoridades desplegaron más de 5.000 elementos del Ejército y de la Policía en la zona.
“Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe. Destruimos su clica, arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder, y hoy, arrestamos a los tres asesinos”, anunció Bukele el fin de semana en las redes sociales, donde publicó un video de los operativos.
El homicidio de Vásquez Rodríguez ocurrió en la misma jornada en que el Congreso salvadoreño aprobó extender hasta junio el régimen de excepción, medida adoptada por Bukele a finales de marzo de 2022, como parte de su estrategia de seguridad para hacer frente a la crisis de violencia generada por las pandillas.
Las cifras proporcionadas por el Gobierno de Bukele demuestran que la política de mano dura ha reducido considerablemente la tasa de homicidios en el país. Según datos oficiales, durante el estado de excepción la tasa de asesinatos es de 3,6 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en 2015 era de más de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, organismos internacionales de defensa de los derechos humanos cuestionan el actuar de las autoridades salvadoreñas. La ONU calcula que un año después la entrada en vigor del estado de excepción han sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria.
La semana pasada, tres expertos de Naciones Unidas pidieron a Bukele la derogación del estado de excepción.
