Empresarios del transporte de la terminal de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte, negaron hoy que hayan cerrado o firmado documentos relativos a la liquidación de pago por concepto del desalojo de la zona, para pasar a la ampliación de dicha vía por parte del gobierno.
La aclaración fue hecha por representantes de la Unión de Propietarios de Autobuses y Minibuses del Cibao, de la Unión Nacional de Propietarios de Autobuses y Minibuses (Unaprodumi), del Sindicato de Transporte Público de la Región Norte (Sitrapurno) y los afectados por el desalojo, a propósito de informaciones difundidas en ese sentido.
Augusto Díaz, representante de la Unión Nacional de Propietarios de Autobuses y Minibuses del Cibao, y José Alberto de la Cruz, de la Unaprodumi, negaron que el gobierno haya concluido el proceso de negociación y liquidación de los pagos para proceder a la demolición del inmueble que ocupan, como habrían difundido medios de comunicación.
“Eso nos ha causado extrañeza, porque se ha desarrollado un proceso sumamente transparente, encabezado por el Ministro de la presidencia Joel Santos y por el ministro de Obras Públicas, funcionarios del gobierno que están a cargo de llevar a cabo el proceso de negociación con nosotros, para proceder a finiquitar los acuerdos y dar paso al proceso de desalojo”, señalaron.
Precisaron que tampoco han recibido algún pago, ni mucho menos han procedido a firmar documentos que avalen acuerdos en ese sentido, porque entienden que “se trata de una negociación de carácter social, humana y que involucra compensaciones económicas que se deben concluir apegadas a los preceptos legales pertinentes”.
Agregaron que lo antes dicho significa que tanto el gobierno como los afectados por el desalojo, deberán cumplir lo acordado al pie de la letra, al tiempo que dejaron claro que ninguna institución o funcionario del Estado que no sea parte del acuerdo, está autorizado para dar detalles sobre el caso”.
Ambos representantes de las entidades que operan la parada del Kilómetro 9 de la autopista Duarte, reconocieron, sin embargo, que los miles de propietarios de autobuses y choferes que operan desde esa terminal hacia diversas poblaciones del Cibao, están en desalojo, cuyo proceso ha sido amigable y de respeto con el gobierno.
“Pero rechazaron los que denominan informaciones mal intencionadas puestas a circular en los medios de comunicación, con fines de confundir y pescar en río revuelto”, enfatizaron.
En su declaración conjunta, Augusto Díaz y José Alberto de la Cruz, dijeron que en todo este trayecto han contado con la representación de Antonio Marte, presidente de Conatra, y el abogado apoderado Nelson Pimentel a quienes ratifican el poder dado y agradecen la “transparencia con que han actuado”.
