Las investigaciones sobre las denuncias de escándalos e irregularidades cometidas por los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas se han convertido en tema de campaña electoral y de debate político entre el partido de gobierno y la oposición.
Lo que inició como un escándalo de acoso laboral, negligencia, usurpación de funciones, ocultamiento de actas y otras barbaridades, concluyó politizándose.
El eventual procedimiento de un juicio político para la membresía de la CCRD, coloca el debate en dos bandos: lo que están a favor, liderado por el Gobernante Partido Revolucionario Moderno y sus aliados y en el otro extremo… la oposición, que está en contra.
Todo comenzó cuando la oposición se hizo eco, el pasado mes de mayo, de las irregularidades que afloraron en la CCRD y propició un ambiente de juicio político en su contra, pero luego cambió de parecer cuando el PRM inició tímidamente y luego se tomó en serio la voluntad de hacer rodar las cabezas de Janel Ramírez y compartes.
Los que en principio se pronunciaron a favor de investigar a los miembros de la CCRD y ahora no, son:
El senador Yván Lorenzo, vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), era de los primeros que exigía una investigación a la Cámara de Cuentas por parte del Poder Legislativo, sometiendo una resolución en la que se invitaba al pleno al senado a explicar las situaciones de irregularidades en el órgano.
En mayo del presente año, Lorenzo llamó al actual pleno como un “comité de base” del PRM, criticando que no hayan hecho nada en dos años. En la actualidad, Lorenzo es uno de los más acérrimos opositores a que los 5 miembros del pleno sean llevados a un juicio político.
En aquella ocasión Lorenzo hasta se autoculpó de la situación en el órgano auditor, ya que él votó por el pleno que encabeza Janel Andrés Ramírez.
También está Dionis Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, quien en mayo aseguraba que el partido de gobierno estaba entorpeciendo una invitación a Janel Andrés Ramírez a la Cámara Alta.
El senador de Pedernales expresó que la forma en que la bancada oficial elude responsabilidad de llevar ante el Senado a Ramírez Sánchez, es porque es una irresponsabilidad escudada en que el juicio político inicie en la Cámara de Diputados.
Sánchez, al igual que los senadores de la Fuerza del Pueblo, también se opone hoy en día a que los 5 miembros del pleno sean llevados a juicio político.
El año pasado, cuando estalló el escándalo de acoso laboral en el órgano auditor, el diputado Víctor Suárez, del PLD, no descartó someter una incisiva para que se inicie un juicio político contra los miembros del órgano que debe velar por el buen manejo de los recursos públicos.
“Estamos a la disposición de una manera muy personal, Víctor Suárez, está estudiando todas las denuncias que se han hecho para iniciar una investigación, si hay indicios de lugar que sean sometidos a un juicio político”, dijo en aquel entonces Suárez, que hoy se opone también a que se enjuicie a la CC.
El diputado de Opción Democrática (OD) José Horacio Rodríguez, fue de los primeros legisladores que sometió una resolución para iniciar una investigación contra la Cámara de Cuentas, la cual arrojó que hay que celebrar un juicio político contra el organismo, mismo al que el legislador se opone.
Otro que no ha sido indiferente con la situación en la Cámara de Cuentas es el expresidente de la República Hipólito Mejía, quien pidió que sean botados todos los miembros del pleno, ya que perdieron la credibilidad y esa institución se basa en la confianza.
La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, también está de acuerdo con que se haga un juicio político.
El Partido Revolucionario Moderno como organización respaldó esta semana que se inicie un juicio político y acusó a la oposición de entorpecer las investigaciones a los 5 miembros del pleno.
