Son varios los diputados que aspiran a reelegirse en sus curules luego de las elecciones se mayo próximo, cuyas candidaturas podrían ser revocadas por sus organizaciones políticas por ser objetos de investigación por parte del Ministerio Público, tal y como ocurrió con la representante de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, investigada por supuestamente estar vinculada a una red y lavado de activos.
El diputado por Santiago del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Nelson Marmolejos Gil, es investigado por el MP desde hace un año y diez meses por su supuesta implicación en la red de narcotráfico desarticulada mediante la Operación Falcón.
Gil inscribió su candidatura para optar por un nuevo periodo hace varias semanas asegurando que será electo en la convención que realizará su partido y “posteriormente seremos el candidato más votado de la circunscripción”.
En las mismas condiciones se encuentran sus colegas Faustina Guerrero, conocida como Grey Maldonado de Hato Mayor y de Pedernales, Héctor Feliz Feliz de los Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Revolucionario Dominicana (PRD), respectivamente.
También el diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, Sergio Moya (Gory) del PRM es implicado por el Ministerio Público como parte de un entramado que operó en la red Calamar, atribuyéndosele ser parte de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería creado durante la gestión del exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Destituido en pasado 29 de diciembre como vicecónsul dominicano en Barcelona, España, sin que trascendieran los motivos, José Luis Valera es parte del grupo que inscribió su nombre para llegar al congreso, en su caso por la Circunscripción 5 de Santo Domingo.
Por la misma demarcación también inscribió su precandidatura la exministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, quien fue destituida del cargo tras una investigación presentada por N Investiga en la que se evidencian nexos de la funcionaria con empresas que proveen servicios al Estado dominicano.
Días más tarde la Dirección General de Contrataciones Públicas anunció la suspensión del Registro de Proveedores del Estado de la entonces funcionaria.
La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y es poseedora del 75 por ciento de sus acciones.
Esto se hizo amparado en los artículos 71 y 72 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, para identificar si las empresas en las que figura como accionista, llegaron a participar en procedimientos de contratación o resultado beneficiados de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria pública.
A José Sánchez, quien hoy aspira a diputado por la provincia Santo Domingo le tocó renunciar en marzo del año 2022 como rector del Instituto Superior Comunitario, luego de varias denuncias de acoso sexual y corrupción.
Rechazo a la inscripción de Rosa Amalia Pilarte
La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó este viernes la solicitud de inscripción de precandidatura a diputada por la Circunscripción 1 de la provincia La Vega, de Rosa Amalia Pilarte López, quien actualmente es legisladora y enfrenta un proceso judicial por lavado de activos.
Entre los considerando, la comisión precisó que, “en fecha 1 de agosto del 2023, esta CNEI tomó conocimiento de la instancia elevada por Pedro Inocencio Amador Espinosa, procurador adjunto en representación de la Procuradora General de la República, dirigida al magistrado Napoleón Ricardo Estevez Lavandier, juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual presenta acusación, solicitud de apertura a juicio y solicitud de imposición de medida de coerción contra la señora Rosa Amalia Pilarte López, por lavado de activos provenientes del narcotráfico”.
La CNEI reconoce que lo expresado no implica condenación aún contra la señora Rosa Amalia Pilarte López, en ella reposa todas las garantías de derecho al debido proceso para demostrar su inocencia y el Ministerio Publico demostrar su culpabilidad en los hechos que se le imputan reñidos con las leyes, en un juicio oral, público y contradictorio, conforme a la Constitución dominicana, el Código de Procesal Penal, Código Penal y leyes especiales sobre la materia en cuestión, que para los fines conllevaría un tiempo importante, quizás más allá de la celebración de Las Elecciones Generales Ordinarias del 2024.
“Nuestra organización en su accionar procura llevar llevar en sus boletas electorales a cargos de elección popular, a hombres y mujeres que no tengan procesos abiertos vinculados a delitos e infracciones de tipos penales, los cuales estos sean el reflejo de los valores y principios que enarbola”, señala la resolución.
