El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, se refirió a la situación de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional pendientes de ejecución por parte de órganos de la Administración Pública.
Al ser abordado por periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, el funcionario sostuvo “que si bien una amplia cantidad de las sentencias constitucionales aun sin ejecutar fueron emitidas durante las pasadas administraciones gubernamentales, el Gobierno que encabeza el presidente Abinader es respetuoso del carácter vinculante e irrevocable que a las decisiones del Tribunal Constitucional atribuye la Constitución. Por lo tanto, desde el inicio de la actual gestión, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo viene dando seguimiento al estatus de aquellas sentencias de la indicada alta corte que conminan a la administración central y descentralizada a ceñirse al orden constitucional”.
Agregó que, como muestra del respeto del Gobierno hacia las decisiones jurisdiccionales, en los archivos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reposan copias de las comunicaciones que esa oficina suele remitir a las instituciones gubernamentales, así como al propio Tribunal Constitucional, a los fines de dar seguimiento al acatamiento de las decisiones de ese órgano extrapoder.
El alto funcionario sostuvo que “tan pronto el presidente del Tribunal Constitucional manifestó, a finales de enero de este año, que varias sentencias de esa jurisdicción estaban siendo desacatadas por la Administración Pública, la Consultoría Jurídica procuró del Tribunal el listado de tales decisiones, con el fin de continuar el indetenible camino trillado por este gobierno de llevar el comportamiento de la Administración al estricto cumplimiento de la Constitución y la ley”.
Afirmó que además de los habituales requerimientos de acatamiento de sentencias (judiciales y constitucionales) que se hacen desde la Consultoría a todos los órganos de la Administración, una vez enterado de las declaraciones del Mag. Ray Guevara, ha remitido requerimientos a todas las instituciones que presenten pendientes de ejecución, de alguna de las 73 sentencias comunicadas por el Tribunal Constitucional, en mayo de este año. Insistió que aunque de estas 73 decisiones, 68 fueron emitidas durante administraciones pasadas, el Poder Ejecutivo tiene claro el principio de continuidad del Estado y que respetará sin lugar a dudas, lo decidido por el Máximo Intérprete de la Constitución.
Peralta Romero admitió que no todas las sentencias son de fácil ejecución, comentando que algunas requieren inscripción en partidas presupuestarias futuras o localización de terrenos del Estado que puedan sustituir a otros ya enajenados por terceros, de tal suerte que el cumplimiento cabal de las sentencias no constituya un daño ulterior para terceros o para el propio Estado. Pero que sin importar el esfuerzo requerido, el gobierno trabaja continuamente en acatarlas, resaltando el alto grado de respeto que impera en la Presidencia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo hacia el Tribunal Constitucional, sus decisiones y su trayectoria.
Concluyó señalando que el país puede tener la confianza de que en la actual administración se trabaja permanentemente en la corrección de todas aquellas conductas antijurídicas del pasado y afirmó que “en el gobierno del presidente Abinader la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva no perderán nunca su vigor y eficacia”.
