A pesar de que Salud Pública dispuso el cierre del consultorio Ki Centro Médico Integral del Caribe, luego de un reportaje de N Investiga que reveló que la propietaria, Karla María Moya Boada, brindaba servicios médicos estéticos de manera irregular, dos meses más tarde la seudo doctora se encuentra recibiendo pacientes en otro centro médico.
Así lo reveló una nueva investigación del programa presentado este sábado, que muestra pruebas de que Moya Boada, de nacionalidad venezolana, tiene un consultorio en el Centro de Medicina Reproductiva Integral y de Atención a la Femenina (CEMERAF),para retomar la realización de cirugías estética.
“La doctora está ocupada…ella está trabajando aquí pero tendrías que venir a la evaluación”, esta fue la respuesta de la recepcionista al llamar para conseguir una cita con la supuesta doctora, a quien se le pudo escuchar la voz de fondo.
Karla María Moya Boada pone a sus pacientes a firmar un documento, antes de los procedimientos, que pareciera, más que datos informativos, un texto que busca convencer a los interesados, y hacerles creer que son procesos sencillos, cuando no es así.
En ese sentido, el abogado Eduard Veras Vargas, manifestó que lo que se puede apreciar en el texto revelado por la periodista Nuria Piera es una dulcificación para venderle a un cliente, más que para informar a un paciente.
Por otro lado el doctor Sergio Guzmán, presidente de la sociedad dominicana de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos, dijo que con el referido documento ella se está desligando de cualquier culpabilidad que pueda tener por los procedimientos.
Con respecto a que la doctora en cuestión esté laborando en CEMERAF, Guzmán manifestó que “lamentablemente, en el campo de la medicina, como en la vida, hay personas que se presta a todo tipo de accionar y esa médico o esa clínica, a sabiendas de quién están empleando, la están indirectamente habilitando”.
Cemeraf y su historial
No es la primera vez que este centro y su propietaria están involucrados en irregularidades, pues la doctora Libni Valenzuela es una de los 27 acusadas en el Caso “Pulpo”.
Según el expediente, “una de las operaciones de lavado de activos relacionadas con el sector salud realizada por el acusado Juan Alexis Medina, fue realizada por intermedio de la acusada Libni Arodi Valenzuela Matos, a favor de quien Alexis Medina giraba cheques como inversión en CEMERAF, que se ha podido establecer como ilícitas, propia del lavado de activos, ya que se realizaron inversiones por un total de 26 millones 861 mil 148 pesos, siendo Alexis Medina un socio oculto para evitar el rastreo del dinero ya que no se reportaron transacciones comerciales entre las empresas del entramado societario y CEMERAF que justifiquen esos pagos, tal y como consta en el informe del INACIF”.
Más aún, a decir por los conceptos de los cheques, se trataban de aportes, inversiones y compras de equipos para CEMERAF, una sociedad comercial legalmente constituida, en la cual no figura como socio, accionista o miembro del consejo de administración Alexis Medina, ya que en lugar de aparecer como socio, aparece la acusada Libni Valenzuela, de quien el acusado es padrino de su boda y de uno de sus hijos. Ante estos hechos, Libni Arodi Valenzuela Matos es acusada de actos propios de lavado de activos tipificados en la Ley 155-17, como el testaferrato y otras circunstancias agravadas del lavado.
El 26 de noviembre de 2021, el Ministerio Público secuestra los equipos médicos y dispositivos del CEMERAF, dejándolos en operación por tratarse de un centro médico, pero dos meses después, en enero de 2022, medios locales reseñan la reinauguración del centro.
Mientras tanto, justo este miércoles, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional otorgaron un plazo de 48 horas para que la propietaria de la clínica vinculada en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Antipulpo apodere a un abogado para representar a su empresa ya que le había sido asignado un defensor público por órdenes del tribunal, sin embargo, esto no aplica dado a que es una empresa, donde precisamente ahora la supuesta cirujana venezolana está volviendo a ejercer.
Al acudir a Salud Pública, el equipo de N Investiga pudo comprobar que Cemeraf opera sin licencia. Apenas habían solicitado una no objeción a planos, en el año 2021, que aun reposa en la ventanilla única del Ministerio, pendiente de retiro.
Ante la alerta de N Investiga, el pasado miércoles las autoridades dispusieron el cierre de CEMERAF, quedando captado en cámaras la agresividad de la propietaria, Libni Valenzuela.
Las amenazas de Valenzuela fueron desde dar galletas hasta partir vidrios de un vehículo.
Las consecuencias de operar ilegalmente
El hecho de que Karla María Moya, la supuesta cirujana vuelva a ejercer puede acarrear graves consecuencias legales, tanto para ella, como para la clínica CEMERAF y su propietaria, la doctora Libni Valenzuela Matos.
“En la medida en que la persona del centro médico, o sea el director médico, los directores del Centro Médico actúan de manera consciente, dolosa, sabiendo que esa persona no es médico y le da la facilidad para que preste servicios médicos como si fuera médico, entonces está incurriendo en una complicidad con el tipo penal de ejercicio ilegal de la medicina y se le aplicaría la pena…que sería la prisión correccional entre seis meses y dos años”, explicó el abogado Eduard Veras Vargas.
De su lado, la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos valora positivamente el cierre del establecimiento de salud, pero esperan que se adopten medidas adicionales. “La medida que sigue es inhabilitar por completo a esta doctora venezolana como falsa cirujana plástica para que pueda ejercer en el país. Vale, sí, ya lo hizo en una segunda ocasión. Hay que esperar una tercera y ya sería que los fiscales estén con ella día y noche para que no se atreva a hacerlo”, indicó Sergio Guzmán.
Guzmán agregó además que es un mal mensaje que Karla entienda que está por encima de todos los médicos, no solamente los dominicanos, sino los demás colegas como ella, extranjeros, que sí están haciendo su especialidad y ejerciéndola como se debe hacer en el país.
En tanto que eljurista Veras Vargas explicó que ante esas circunstancias, el Ministerio Público debe ser lo suficientemente agresivo como para perseguir a una persona, porque lo que está en juego es la salud y la integridad de todos aquellos que acuden pensando que está ante un verdadero facultativo, pero que en realidad está ante alguien que asume una falsa calidad.
Corresponde a la Procuraduría Especializada de Delitos contra la Salud profundizar en esta investigación y dar la prioridad e importancia que este caso amerita, así como determinar las responsabilidades de todas las personas y empresas involucradas ante esta caja de pandora de supuestos profesionales con títulos falsos y sin validar que atentan con aparente inmunidad contra la salud pública.
