La Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, presentó este martes el informe: Análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en República Dominicana.
El documento, coordinado por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), Antonio Ciriaco Cruz, Matías Bosch y Francisco Tavárez Vásquez, y que contó con la participación de los investigadores chilenos Francisca Barriga y Recaredo Gálvez, propone un nuevo sistema de pensiones que ofrezca beneficios definidos y garantías explícitas a toda la población dominicana.
Los coordinadores de esta propuesta aseguran que es matemática y económicamente viable, así como socialmente responsable.
Además, exponen que la misma está fundamentada en la Constitución dominicana, los tratados internacionales y principios de la seguridad social ratificados por el Estado dominicano, así como en fuentes de datos nacionales e internacionales, que permitirán hacer las proyecciones económicas y demográficas que avalarán la sostenibilidad de un nuevo modelo.
El trabajo marca un hito en el debate público, pues en él se establece la asignación de una pensión básica equivalente al salario mínimo vigente en República Dominicana para las microempresas, es decir, RD$13.685, destinada a todas las personas que cuenten con más de 60 años, pero que no lograrán cotizar ni cumplir con los requisitos mínimos para acceder a una pensión de vejez según las restricciones establecidas.
El nuevo sistema propuesto permitiría ofrecer a la población cotizante, con 20 años aportados, una tasa de reemplazo del 70% del salario percibido; un 80%, con 30 años cotizados, y un 90% con 40 años o más.
En el caso de quienes sólo coticen entre 1 y 19 años se garantiza una tasa de reemplazo que va del 12.5% hasta el 58% del salario percibido, y una base mínima del 75% del salario mínimo.
En las palabras de presentación del informe, el doctor Ciriaco Cruz junto a los investigadores Bosch Carcuro y Tavàrez Vásquez afirmaron que a partir de esta publicación los números ya no serán un límite, pues este documento los pone a la vista de todos y deja en claro que es viable un sistema solidario, de bien público y sin la intermediación de las AFP y su lógica financiera-privatizadora.
Agregan que esto viabiliza una pensión universal decente y humana y garantiza beneficios definidos, justos, suficientes, permanentes y proporcionales a los aportes de las personas y los hogares a lo largo de su vida, sin dejar a nadie desprotegido en sus derechos fundamentales».
La propuesta aseguraría así el derecho a la pensión a toda la población, tal como se establece en la Constitución dominicana, con carácter inclusivo y universal, y además hacerlo otorgando pensiones suficientes para cubrir las necesidades básicas y que se incrementen conforme las personas tengan mayor cantidad de años cotizados, estimulando los aportes de los afiliados.
El documento se publica en un contexto en que el Congreso Nacional está obligado a dotar al país de una reforma integral a la Ley No. 87-01 y crecen los reclamos de distintos sectores sociales para que los fondos de pensiones dejen de administrarse en función de los intereses particulares y corporativos de las AFP, las que solo pueden ofrecer como máximo una tasa de reemplazo del 30% de los salarios, y con dichos fondos se garantice la dignidad de las familias, así como el bienestar, la paz social y las necesidades de desarrollo nacional.
Además de la academia estatal, la propuesta es auspiciada y coordinada por la Fundación Juan Bosch y la Coalición por la Seguridad Social Digna, con el apoyo técnico de la Fundación SOL, entidad chilena dedicada a la investigación sobre seguridad social.
