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Abinader no cree que gasto militar por cierre fronterizo exceda el presupuesto

El presidente Luis Abinader se mostró escéptico en que el gasto en las fuerzas castrenses que custodian la zona limítrofe con Haití tras el cierre fronterizo, exceda el presupuesto establecido por el Gobierno.

Sin embargo, el mandatario dijo que hay unos montos especiales de seguridad nacional para este tipo de acciones, aunque no ofreció una cifra específica de cuánto está destinando el Gobierno en Defensa por el cierre fronterizo.

Abinader dijo que, de exceder el monto establecido, irían al Congreso Nacional a buscar la forma de disponer de recursos necesarios para mantener la frontera bajo control, ante el escalamiento de las tensiones con Haití.

Más temprano, el Gobierno dominicano rechazó las declaraciones del experto de la ONU en Haití William O’Neill instando a reconsiderar el cierre de la frontera a causa del conflicto por la construcción, del lado haitiano, de un canal de riego en el río Masacre, frontera natural entre ambos países.

El Ejecutivo dominicano emitió un comunicado en el que califica las declaraciones de O’Neill de “parcializadas y desafortunadas” y condiciona “cualquier diálogo con Haití” a la detención efectiva de “la construcción unilateral e ilegal del canal” en el río.

En cualquier caso, “toma nota de la solicitud de dejar pasar ayuda humanitaria a Haití” que, como señaló el experto, recibe al menos una cuarta parte de sus alimentos desde la República Dominicana, pero “reitera que la solución inmediata y definitiva de este problema está en manos de Haití, cuando decida poner fin a la construcción del canal”.

Además, O’Neill menciona en su comunicado el tema migratorio que, a juicio del Gobierno dominicano, “no guarda relación con el conflicto del canal” y la República Dominicana no es responsable de la situación interna en Haití, ni es razonable que “tenga que asegurar el bienestar social de los haitianos”.

“La situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de nuestra Ley General de Migración. El presidente Luis Abinader ha afirmado que el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional, y esperamos que esta actúe en consecuencia”, apunta la nota.

También aprovecha para expresar su “profunda preocupación por la falta de respuesta de las Naciones Unidas ante la grave crisis humanitaria, de seguridad y política que afecta desde hace años a Haití”, situación que ha generado infinidad de llamamientos a la comunidad internacional, desde 2021, para ir en auxilio de las autoridades haitianas.

Asimismo, el Gobierno dominicano aclaró que “es prematuro hablar de un arbitraje internacional cuando no hay un conflicto entre dos gobiernos, pues la crisis ha sido generada por actores particulares haitianos, oportunistas e irresponsables”.

En este sentido, la nota insiste en que “ni los dominicanos, ni los haitianos desean la confrontación” y añade “nuestros pueblos desean vivir en paz. No buscamos una confrontación, pero sí enfrentamos a los incontrolables que generan inseguridad en Haití”, tal y como dijo Abinader en un mensaje dirigido a la nación la pasada noche local.

En el comunicado se reitera “la voluntad del Gobierno dominicano de buscar soluciones que garanticen la seguridad y protejan nuestros recursos naturales”.

La reanudación de los trabajos de construcción del canal de riego en el lado haitiano del río Masacre, paralizados en 2021 tras la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moise, llevaron a Abinader a disponer el cierre de la frontera -marítima, aérea y terrestre- mientras prosigan las obras.

Otras represalias pasan por suspender la emisión de visados a ciudadanos haitianos, así como la prohibición definitiva de entrada de “todos los involucrados en el conflicto”, nueve personas en total.

El Gobierno de Haití, que sigue apostando por el diálogo para resolver el conflicto, ha defendido su derecho a hacer uso de las aguas del río Masacre en virtud de los dispuesto en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929, texto en el que el Gobierno dominicano basa la supuesta ilegitimidad de las obras de toma de agua.

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