La diputada Rosa Amalia Pilarte López afirmó este lunes que en “cierta posición” el Ministerio Público está equivocado en torno al expediente orquestado en su contra.
“El Ministerio Público está muy equivocado, plantea una historia que no es real. La verdadera historia la vivimos nosotros, personas de trabajo, que han ido creciendo poco a poco como cualquier empresario tiene derecho a crecer”, sostuvo la acusada de movilizar más de cuatro billones de pesos en el sistema financiero nacional.
Pilarte se refirió al tema previo a su entrada a la Suprema Corte de Justicia donde se le conoce la audiencia de apertura de juicio y conocimiento de medida de coerción.
Juez de la SCJ conoce hoy coerción a diputada Pilarte López
“No hemos pagado los impuestos en su debido tiempo, pero lo hemos pagado”, agregó la acusada al asegurar que no ha cometido ilícitos, y que no tiene razones para renunciar a su curul.
Abogado de Pilarte solicita declarar proceso inadmisible por “carencia” de imputación
En tanto que el abogado de la diputada, Luis Feliz, informó que solicitaron al juez que se declare inadmisible la imputación realizada por el Ministerio Público en contra de su cliente, afirmando que esta carece de formulación precisa de cargos.
Dijo que el MP se opone y la magistrada acumuló ese incidente para fallarlo luego de conocer el fondo de la acusación.
Feliz afirmó que “esto significaría que fruto de las imprecisiones que contiene la acusación que han sido demostradas por la defensa, conllevaría a que el juez declare inadmisible la acusación sin analizar el fondo de la misma. Es lo que persigue en primera instancia a la defensa con la petición”.
Asimismo, dijo que mover dinero no es un ilícito penal.
“El hecho perse de que usted tenga o movilice dinero no constituye un ilícito penal y eso es lo que él Ministerio Público tiene que explicar; cuál fue el ilícito penal que se cometió para movilizar ese dinero y fundamentado en ello hemos planteado que se declara inadmisible la acusación”, sostuvo.
El Ministerio Público solicitó la imposición de 100 millones de pesos en efectivo, como medida de coerción, para la diputada vegana, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.