Gabriela Porterfield.- Desde el año 2020, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, han estado trabajando en conjunto con las autoridades del país en aras de desmantelar diversos entramados, implicados en casos de corrupción administrativa, lavado de activos, malversación de fondos públicos y otros delitos.
Sin embargo, luego de numerosos allanamientos y varios procesos judiciales para los imputados de las múltiples operaciones, hoy día, diversos acusados gozan de variaciones en medidas de coerción que concluyen en impedimentos de salida del país, presentaciones periódicas y garantías económicas.
Operación Antipulpo
Del caso Antipulpo, la primera de las operaciones trabajadas por la Pepca, y en la que se acusa al entramado de malversación de fondos y lavado de activos por más de $5,000 millones de pesos, al exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa Rosa, y a Carmen Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta del Fonper y hermana del expresidente, Danilo Medina, la Segunda Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional les varió la medida de coerción a inicios del corriente mes, consistente en prisión domiciliaria.
El tribunal de segunda instancia ordenó el pasado jueves 2 de noviembre, el cese de la prisión domiciliaria a los exfuncionarios.
A Rosa, hace aproximadamente dos meses también le fue variada la medida de coerción de colocación de grillete electrónico, que llevó en su cuerpo por un año, ya que alegadamente no podía pagarlo. Asimismo, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó retirar los grilletes electrónicos a Medina Sánchez.
En ese sentido, al excontralor general de la República, Rafael Germosén y al exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy Hidalgo), también implicados en el caso Antipulpo, la jueza presidente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del D.N., rechazó en octubre el pedimento de variación de la medida de coerción consistente en arresto domiciliario que fue interpuesto por las defensas de los acusados.
La magistrada Claribel Nivar ratificó las medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país de ambos señalados y el pago de garantía económica de 10 millones de pesos a Freddy Hidalgo.
A Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Séptimo Juzgado de la Instrucción lo condenó a cinco años de prisión, con dos suspendidos por su implicación en la operación Antipulpo, luego de que este negociara con el Ministerio Público para atestiguar contra los demás acusados.
De igual manera, el magistrado condenó a Julián Esteban Suriel Suazo a cinco años de prisión, dos de prisión y tres suspendidos, como parte del juicio penal dentro de la etapa preliminar del caso. En tanto que Lewis Ariel Castillo, fue sentenciado a tres años de prisión suspendida y el caso fue enviado al juez de Ejecución de la Pena de Santo Domingo Este. Ambos exfuncionarios, también se declararon culpables.
En cuanto al testaferro, Domingo Antonio Santiago Muñoz, fue retirado del expediente acusatorio por el Ministerio Público por colaborar y devolver un inmueble valorado en más de 1.5 millones de dólares. El imputado era el único en tener libertad pura y simple cuando el juez Alejandro Vargas conoció la medida de coerción en diciembre de 2022.
La audiencia del juicio de fondo del caso de Alexis Medina fue aplazado hace aproximadamente un mes, debido a que uno de los acusados presentó licencia médica.
Además de Juan Alexis Medina Sánchez y sus empresas, el proceso también se sigue en contra de su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, el exministro de Salud Freddy Hidalgo (2012-2014) y el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén, así como de Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
Operación Coral y Coral 5G
En otro orden, los imputados de la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G, fueron enviados el pasado mes de julio a juicio de fondo por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La decisión de la jueza Yanibet Rivas fue tomada en contra de Adán Cáceres, Raúl Girón, Juan Carlos Torres Robiou y Miguel Ventura Pichardo por Caso Coral. El organo acusador presentó cargos contra 48 personas (30 físicas y 18 jurídicas), quienes son procesadas por presuntamente defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
En diciembre de 2022, al acusado que encabeza la red desmantelada por la operación Coral, el general Adan Cáceres Silvestre, le concedieron una variación de medida de coerción por prisión domiciliaria, grillete electrónico, impedimento de salida y una garantía económica de 100 millones de pesos.
Asimismo se le ordenó el cese de prisión a Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tannet Flete. Al coronel Núñez de Aza se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos y a la pastora y a su hijo de 50 millones de pesos.
A todos se le varió la medida de coerción por impedimento de salida, prisión domiciliaria y grilletes electrónicos.
Operación 13
El Ministerio Público, con la Operación 13 acusó a un grupo de 11 personas de perpetrar un presunto fraude en la Lotería Nacional con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos, a través de un sorteo amañado en el cual se mostró como ganador el bolo número 13 en un hecho ocurrido el día primero de mayo de 2021.
El proceso se sigue contra el exadministrador general de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent, principal imputado.
También, contra William Rosario Ortiz, Eladio Batista, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa, todos co-imputados.
En diciembre del 2022, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional variaron la medida de coerción de prisión a arresto domiciliario e impedimento a salida al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, quien encabeza la red de Operación 13, por haber cumplido el tiempo máximo que establece la ley.
Más adelante, en febrero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió comenzar desde cero el juicio de fondo que se le sigue a los imputados en el caso del presunto fraude en la Lotería Nacional por cuestiones de salud de una de las juezas.
Operación Medusa
En enero de este año, el Tercer Juzgado de la Instrucción del D.N. varió de prisión preventiva a domiciliaria la coerción contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, recluido en una cárcel desde junio del 2021 por su presunta implicación en una red de corrupción durante su gestión en el Ministerio Público.
Además, al exjefe del Ministerio Público se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso el 2 de julio del 2022, con un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos”. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Por el caso guarda prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del caso. También, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo, a quien le fue variada la medida de coerción de prisión preventiva a domiciliaria tras haber cumplido los 18 meses de encierro preventivo en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.
El juez, determinó como necesario para Solano, imponer una garantía económica e impedimento de salida del país.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Operación Falcón
Sobre la Operación Falcón, el pasado mes de octubre, quedó aplazada la audiencia preliminar del proceso contra 31 personas físicas y 39 morales imputadas de numerosos delitos anclados a una estructura del crimen organizado.
El magistrado Salomón reprogramó la vista debido a que dos de los imputados no fueron llevados al Palacio de Justicia de Santiago.
La acusación del Ministerio Público establece que la red de la Operación Falcón se dedicaba al patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad. De acuerdo al órgano, hay tres diputados vinculados en la organización de lavado de activos producto del narcotráfico.
Los diputados investigados son Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, quienes figuran entre los involucrados en la estructura criminal. Otra figura política vinculada a la supuesta organización es el suspendido director de Comunidad Digna y exdiputado Juan Maldonado, a quien el juez del Quinto Juzgado de Instrucción del Palacio de Justicia de Santiago ordenó el cese de la prisión preventiva, debido a que el imputado tenía 21 meses privado de libertad, cuando el cese de la medida era 18 meses.
A Maldonado se le impuso una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, un grillete y prisión domiciliaria.
Asimismo, en abril, fueron favorecidos por el Quinto Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial, con la variación de medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario y colocación de localizador eléctrico, los hermanos Alberto Emmanuel y Alberto de Jesús Polanco.
Operación Calamar
Luego de una compleja investigación llevada a cabo por el Pepca, en marzo de este año el Ministerio Público señaló a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo por diversos delitos de corrupción.
Se realizaron 40 allanamientos en el inicio de los arrestos, distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. De acuerdo con el Ministerio Público participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
En la imputación preliminar se les acusó de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso en abril arresto domiciliario contra Gonzalo Castillo, además le fue impuesta una fianza de 20 millones de pesos mediante contrato de compañía aseguradora y la prohibición de salir del país.
Asimismo, la medida de coerción contra el exministro Donald Guerrero, recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, varió el pasado mes de octubre a presentación periódica, impedimento de salida y una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica.
Los jueces Rafael Báez, Doris Pujols y Daisy Indhira Montas, emitieron su fallo, al considerar que Guerrero “no presentaba peligro de fuga ni ha obstruido la investigación desde que inició hace más de 3 años”. Por tanto, dispusieron variar la medida que ratificó la Jueza Patricia Padilla el pasado 11 de septiembre ya que “todo lo que el Ministerio Publico alego carece de prueba de acreditación”.
La ultima de las variaciones sucedió hoy a favor del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien deberá presentarse de manera periódica cada 15 días y pagar 4.5 millones de pesos.
Peralta cumplía prisión preventiva por su vinculación a la Operación Calamar.
