La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió de que la sostenibilidad de la industria periodística de Argentina “está amenazada” por la crisis económica que atraviesa el país, así como por numerosos ataques, amenazas e intentos de censura contra la prensa local este año.
La SIP señaló en un informe preliminar, a la espera de ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en su 79° Asamblea celebrada en México, que debido a los altos niveles de inflación (138,3 % interanual) y desequilibrios fiscales en Argentina, los medios de comunicación locales pierden ingresos publicitarios.
“En este contexto, cobran relevancia las políticas públicas y regulaciones para contribuir a la sostenibilidad de la industria periodística, como sugirió la Unesco, entre ellas la responsabilidad de las plataformas digitales para reconocer el valor del contenido periodístico que utilizan”, indicó la SIP en su informe.
Para paliar esta situación, el gigante tecnológico Google había ampliado su ‘outlet’ de noticias en el “Showcase News” para medios digitales que no fueron incluidos en el lanzamiento general tres años atrás.
Sin embargo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) afirmó que los fondos son escasos y porcentualmente irrelevantes en relación con los réditos económicos que los contenidos periodísticos generan a las plataformas tecnológicas.
Por último, la SIP indicó que “los avances de la Inteligencia Artificial, sobre el uso indiscriminado de contenidos periodísticos, multiplican los riesgos para la sustentabilidad de la industria”.
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ATAQUES A LA PRENSA
De acuerdo con el último informe de monitoreo de libertad de prensa del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), hasta la fecha se han registrado 100 casos de agresiones contra la prensa del país suramericano.
La mayor parte de los ataques (13 %) fueron llevados adelante por individuos particulares, seguidos por amenazas, agresiones o denuncias anónimas (10 %) y dirigentes políticos (8%).
Por su parte, la SIP remarcó que estos ataques van desde intimidaciones por parte del narcotráfico a medios de comunicación, pasando por agresiones físicas en coberturas periodísticas, hasta políticas de Estado que buscan limitar el trabajo de la prensa.
A fines de abril pasado, la estación de radio 680LT3 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (centro), fue baleada por el narco, que actúa con total impunidad.
En materia de violencia, camarógrafos, fotógrafos y cronistas de distintos medios de comunicación en varias provincias -entre la que se incluyen casos puntuales en Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Formosa y Santiago del Estero- han sido agredidos física y verbalmente, mientras realizaban distintas coberturas periodísticas.
La SIP también remarcó que ciertos proyectos de ley “generan preocupación” al libre ejercicio de la libertad de prensa, como un proyecto de reforma constitucional en la provincia de La Rioja (noroeste), en el que se pretende “fijar límites a la crítica periodística”.
Además, en Salta (norte), un proyecto prevé sanciones penales a ciudadanos y medios de comunicación ante la difusión de contenidos que sean considerandos falsos por las autoridades gubernamentales
El Ente Nacional de Comunicaciones, encargado del cumplimiento de la Ley de Medios en Argentina, había anunciado sumarios administrativos contra canales de televisión por contenidos editoriales con eventuales multas de hasta un 10 % de la facturación publicitaria.
“El organismo todavía mantiene abiertos esos expedientes sin resolución, generando presión para los medios afectados”, indicó la SIP en su informe.
Finalmente, la asociación alertó sobre la relación del candidato presidencial de La Libertad Avanza, el libertario Javier Milei, con la prensa local, donde protagonizó más de una “veintena de agresiones y actitudes intimidantes contra periodistas”.
“El candidato declaró reiteradamente que si accede a la Presidencia eliminará la publicidad oficial, confundiendo la pauta pública con un subsidio, lo que choca con la posición de la Corte Suprema de Justicia argentina, que reconoce a la publicidad oficial como un mecanismo que contribuye al acceso a la información y a la libertad de expresión”, concluyó el documento.
EFE