El ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez defendió este lunes la reciente opinión legal del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias que señala que la privación de su libertad ha sido arbitraria, por lo que ha pedido su libertad incondicional.
Rodríguez guarda arresto domiciliario tras permanecer en prisión preventiva durante más de un año por acusaciones de formar parte de un supuesto entramado de corrupción administrativa.
El exfuncionario dijo en un documento que el arresto y prisión “que me ha mantenido por más de 900 días privado de libertad, es arbitrario e ilegal”.
En ese orden, solicitó al Gobierno dominicano “mi inmediata libertad y la realización de una investigación exhaustiva e independiente en torno a esta privación arbitraria”.
También solicitó a las autoridades “tomar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de los derechos de los ciudadanos y así evitar que estas violaciones y transgresiones sigan ocurriendo en el país”.
Rodríguez recordó que sobre la decisión del Grupo de Trabajo, la Cancillería y la Procuraduría General de la República ofrecieron una rueda de prensa a través de la cual desconocen esta decisión y solicitud formal.
“Los funcionarios de estas instituciones deliberadamente evadieron y no trataron el punto principal de esta decisión, que es la prisión arbitraria e innecesaria que me mantiene en arresto domiciliario sin tener peligro de fuga, y para justificar el desacato o negativa, estos funcionarios trataron de minimizar la importancia de las decisiones de la ONU y traer a la ciudadanía situaciones y mentiras del pasado”, expuso.
La opinión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, dada a conocer la semana pasado, establece que la detención de Jean Alain Rodríguez fue arbitraria por irregularidades durante el proceso en su contra, comenzando por el hecho de que el día de su arresto, el 29 de junio de 2021, no se presentó debidamente la orden de detención ni se explicaron las razones de la misma.
Rodríguez Sánchez solo pudo comparecer ante un juez para defender su inocencia pasadas dos semanas de la detención, pese a que las normas internacionales de derechos humanos establecen que ese lapso no debe superar las 48 horas, afirmó el grupo
Posteriormente, prosigue el dictamen del grupo de trabajo, se le aplicó una prisión preventiva de 18 meses antes del juicio, sin que se presentaran argumentos razonables sobre un posible riesgo de fuga.
En rueda de prensa celebrada el viernes pasado, la Cancillería y la Procuraduría General de la República rechazaron en todas sus partes la opinión legal del grupo de trabajo.
