La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís está creando todo un récord, difícil de romper, al volver a reenviar el juicio de fondo que se le sigue al suspendido alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames, acusado de desfalco al Estado por 200 millones de pesos, al frente del ayuntamiento de La Romana, durante su gestión 2010-2016.
El caso lleva más de 10 años ventilándose en los tribunales sin un desenlace, ampliando sobre los 200, el número de reenvíos, desde el año 2013 a la fecha.
La audiencia fue aplazada para el cuatro de enero del 2024, debido a que tribunal no estaba completo, pues una de las jueces integrantes, fue quien conoció el proceso en la etapa preliminar y no había más jueces disponibles. Tampoco se hicieron citas.
Tony Adames está acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de desfalcar al Estado por 200 millones de pesos, en su gestión de alcalde 2010-2016.
Este expediente fue instrumentado en el 2013 y una década después aún no hay decisión judicial.
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Conforme a la Pepca, el suspendido alcalde romanence enfrenta cargo de falsificación y uso de documentos, prevaricación, desfalco y por constituirse en asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano.
El expediente acusatorio contra el edil es el No. 334-2022-EPEN-00896, sustentado en violaciones a los artículos 123, 145, 150, 151, 166, 265, 266, del Código Penal Dominicano.
PARA EL 15, FALLO SCJ
El suspendido alcalde está acostumbrado a los tribunales y dentro de una semana, el 15 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia, fallará el recurso interpuesto por sus abogados para la anulación de la sentencia de dos años en su contra y que cumplía desde el mes de marzo.
De acuerdo a lo que determine la SCJ, el suspendido alcalde podría ser favorecido y conservar la libertad que de manera provisional, le fue dada desde el pasado 31 de octubre y continuar su campaña a alcalde por el Partido Reformista-La Romana, para las elecciones del 2024.
Si la decisión es en contra, entonces volverá a prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, en La Romana y tras los barrotes, podría seguir su campaña, pues el delito cometido es correccional y no inhabilita.
