El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está presto a otorgar en los próximos días el indulto de Navidad, en el que quedarán excluidos los imputados condenados por el ataque de bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes, el pasado 8 de enero en Brasilia.
En el indulto, según reseñan medios brasileños, no se incluyen a los sentenciados por crímenes cometidos contra el Estado democrático de derecho; por lo tanto, aplica para los que atacaron a las sedes del presidencial Palacio de Planalto, el Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF) a principios de este año.
A la fecha, el STF ha condenado a 30 autores de los ataques, con penas que van desde los 3 a los 17 años de cárcel.
Además de no aplicar para los sentenciados por crímenes cometidos contra el Estado democrático de derecho, el indulto también excluye a miembros de facciones criminales y a los condenados por delitos atroces, tortura, terrorismo, lavado de dinero, malversación de fondos, corrupción, crimen racial o prejuicio de color, genocidio, acciones contra el sistema financiero nacional, violencia contra la mujer y violaciones previstas en el Estatuto del Niño y del Adolescente.
Libertad provisional
El lunes reciente, Alexandre de Moraes, juez del STF, otorgó libertad provisional a 46 personas investigadas por los hechos del 8 de enero.
No obstante, estas personas deberán seguir respondiendo a la Justicia mediante medidas cautelares, como el uso de tobilleras electrónicas, confinamiento domiciliario nocturno, prohibición de salir del distrito donde residen, la obligación de presentarse semanalmente ante el juez encargado de supervisar las condiciones, la suspensión de la tenencia de armas de fuego y la cancelación de pasaportes; tampoco podrán utilizar las redes sociales ni comunicarse con otras personas investigadas, informó el Supremo Tribunal Federal.
El juez, sin embargo, mantuvo la prisión preventiva para otros 66 imputados, entre ellos 25 personas investigadas por financiamiento o incitación a delitos.
Además, De Moraes validó 38 acuerdos firmados entre la Procuraduría General de la República (PGR) y personas investigadas. Este beneficio fue solo para aquellos que estaban acampando en Brasilia en las manifestaciones, pero no participaron en el intento de golpe y obstrucción a los Poderes de la República ni en los daños a la propiedad pública.
Además de confesar los delitos, los imputados se comprometieron a prestar 300 horas de servicio a la comunidad o entidades públicas, no cometer delitos similares ni ser procesados por otro delito o falta, también deberán participar, de forma presencial, en un curso sobre Democracia, Estado de Derecho y Golpe de Estado.
Fuente RT
