El director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dispuso la suspensión en sus funciones al segundo teniente Pablo Rivera Abad y el raso Junior Leónidas por actuar contrario a los lineamientos establecidos en esa institución.
La suspensión de los agentes policiales se produjo por actuar con negligencia mientras se encontraban de servicio en las proximidades de una estación de combustibles del sector de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste al no intervenir al ver ante ellos una discusión donde se observa un hombre con una pistola en manos amenazando a otro que se encuentra junto a una motocicleta
“Lo que buscamos con citada investigación bajo la responsabilidad de la Inspectoría General es determinar es porqué los policías”, recalcó el director de la dirección policial.
Al dar a conocer la información, a través de un parte de prensa, la Policía precisa que la evidente falta de intervención de ambos agentes, quienes se encuentran suspendidos en funciones, resulta contraria a los lineamientos institucionales y al correcto accionar que debe tener cada miembro de la institución del orden en casos similares.
Dijo que dispuso una investigación a los fines de determinar cuáles fueron las razones por la que varios miembros de esa entidad no intervinieron en momentos en que un ciudadano amenazaba a otro que se encontraba en una motocicleta.
Mediante un comunicado de prensa, la institución dice que la decisión fue adoptada por un incidente que quedó captado en video aficionado registrado en la estación de combustible en el sector de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.
En el proceso investigativo del caso en cuestión, el cual ha sido viralizado en redes sociales, se pudo ocupar el arma que utilizaba el ciudadano que se observa en el vídeo amenazando a otro, determinándose que se trata de una pistola de fogueo “no letal”.
La Inspectoría General de la Policía amplía las investigaciones del hecho y oportunamente hará las recomendaciones de lugar al mayor general Guzmán Peralta, cumpliendo de manera estricta la Ley institucional y el Código Procesal Penal.
