El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, designó al magistrado Justiniano Montero Montero como juez de la instrucción especial para conocer los casos seguidos en jurisdicción privilegiada a cuatro diputados, a quienes el Ministerio Público les imputa la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Montero será quien conozca los procesos que implican a los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera y Sergio Moya de la Cruz.
Esos procesos en jurisdicción privilegiada habían sido asignados al juez Napoleón Estévez Lavandier, quien el pasado mes de diciembre fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como juez presidente del Tribunal Constitucional (TC).
El Ministerio Público acusa a los legisladores Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes de narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Mientras que, sobre el diputado del Distrito Nacional, Sergio Moya (Gory), pesan las imputaciones preliminares de asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Sobre el magistrado Montero Montero
Montero es juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que conoce asuntos civiles y comerciales. Doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD).
Magíster en Sociedad Democrática y Estado de Derecho, de la Universidad del País Vasco; Magíster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal de la Universidad de Castilla-La Mancha; Magíster en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional: Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, y Especialidad en Derecho Judicial, ambos de la Escuela Nacional de la Judicatura; Especialidad en Relaciones Internacionales, Universidad del País Vasco.
Actualmente es Miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.
OPERACIÓN FALCON
Los diputados Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo del PRM; Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago por el PRM, y Héctor Darío Féliz Féliz, de Pedernales por el PRD, estan siendo investigados por estar supuestamente vinculados a la red Falcón, una poderosa estructura a la que se le imputa haber movido al menos dos mil 500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones relacionadas a este negocio de por lo menos 10,000 millones de pesos.
El órgano estableció que la red operaba en la zona norte de República Dominicana, especialmente en Santiago, pero con ramificaciones en la región Este.
CASO GORY
El nombre del representante de la circunscripción tres del Distrito Nacional ante la Cámara Baja sonó con mayor estruendo, luego de que la procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, informara que se solicitaría a la SCJ un juez de la instrucción “para que inicie de manera formal Ia investigación en su contra”, luego de ser mencionado en el interrogatorio a Ramón Emilio Jiménez (a) Mimilo, uno de los colaboradores del MP en el caso Calamar.
Según la declaración, Moya formó parte durante unos ocho meses de “El Programa o El Proyecto”, una estructura bajo la cual se recaudaron decenas de millones de pesos con el cobro ilegal a los dueños de bancas deportivas y de lotería por parte de funcionarios de la Dirección de Casinos adscrita al Ministerio de Hacienda durante el pasado Gobierno.
