El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó el pedimento de variación de medida de coerción interpuesto por Javier Alejandro Forteza Ibarra y mantuvo el arresto domiciliario que le fue impuesto por estar implicado en hechos de corrupción administrativa en el expediente de la Operación Medusa.
El fiscal Emanuel Ramírez, en representación del órgano acusador, valoró como apropiada la decisión que adoptó el juez Amauri Martínez durante la audiencia para la revisión de la medida de coerción en el proceso judicial de la Operación Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
“El tribunal, en su decisión, ratificó el arresto domiciliario, como medida de coerción, por entender que aún persiste el peligro de fuga, además de la gravedad de los hechos imputados y el daño social causado”, afirmó Ramírez.
A Forteza Ibarra, exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, le variaron en febrero del año 2023 la prisión preventiva que cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, por arresto domiciliario, la presentación de una garantía económica de 20 millones de pesos, a través de una compañía aseguradora, e impedimento de salida del país.
IMPUTACIONES
El Ministerio Público imputa a Forteza Ibarra en el expediente de la Operación Medusa por el borrado, alteración de datos y sabotaje de la data digital de la Procuraduría General de la República (PGR), así como también por valerse de su cargo como director de Tecnología del Ministerio Público para estafar al Estado dominicano y sobornar a servidores públicos y entidades financieras.
En este proceso el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Además del exprocurador Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra, el órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
