La audiencia en contra de los imputados en el caso Calamar fue suspendida debido a una recusación emitida por el Ministerio Público en contra de la jueza Analee Florimón.
La recusación a la Jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, la efectuó el órgano acusador un mes después que se produjera el último conocimiento de audiencia.
Este viernes se emitiría el fallo a la solicitud de prórroga del Ministerio Público para depositar el expediente acusatorio contra los imputados en la Operación Calamar, por considerarlo complejo.
La abogada Laura Acosta, representante de Gonzalo Castillo, catalogó el hecho como una barbaridad y dijo que el MP decidió recusar a la magistrada debido a que no contaba con los elementos de prueba necesarios para enfrentar el caso.
“Hay que tener un poco más de respeto a la justicia y a los imputados, los imputados pueden ser Satanás pero hay que juzgarlos como si fueran Cristo”, aseveró la letrada.
De su lado, Santiago Rodríguez, representante de José Ramón Peralta, aseguró que la recusación es una artimaña del MP para obtener tiempo para buscar pruebas que presenta en el caso.
“Eso constituye una temeridad porque es tratar de obtener por la vía de facto un tiempo que ya se solicitó”, dijo el jurista.
Por otro lado, el fiscal Arolín Lemos, representante del MP, sostuvo que la recusación era necesaria debido a que habían observado conductas paralizadas de parte de la jueza.
“Anteriormente en decisiones que fueron dadas el MP había definido que debe de existir un principio de parcialidad y objetividad en cada una de las decisiones que los jueces vallan a tomar al momento de conocer una audiencia”, detalló el representante del Ministerio Público.
Si se conoce la recusación la revisión a la prórroga sería conocida el próximo 16 de febrero a las 9 de la mañana.
En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, además de otras 20 personas, de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
