Palos desde la derecha y desde la izquierda está recibiendo por estos días el diputado chileno Cristóbal Urruticoechea tras publicarse una entrevista del sitio de investigación Ciper en la que su expareja, Tamara Küpfer, reveló que utilizó la tarjeta que entrega el Congreso Nacional para cargar combustible – de uso personal e intransferible -, por cinco años consecutivos.
Según su relato, el diputado le entregó la tarjeta “por comodidad” y acordaron un monto mensual entre 200 y 350 mil pesos (USD 208 a 365) que, supuestamente, Urruticoechea devolvería.
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Sin embargo, cuando Ciper sacó su primer reportaje respecto al tema en 2022, Küpfer se enteró de que estos dineros nunca habían sido restituidos y que así no funcionaba el convenio.
Si bien existe una investigación con diligencias en curso, Küpfer declaró que no ha sido citada ni tampoco notificada.
A la luz de los hechos, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), señaló que “frente a estos casos de eventuales posibles delitos se tienen que investigar y recabar más antecedentes, porque lo que involucra si es que efectivamente se hizo mal uso de esta tarjeta para cargar combustible de los autom
Por su parte, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que la mencionada tarjeta sólo puede ser utilizada por “funcionarios autorizados para ello o el parlamentario y que, por supuesto, el parlamentario estuviera en el lugar en ese minuto. El Consejo no nos ha señalado respecto de devolución, ni tampoco de lo que pasó en el período anterior a la regulación de la identidad”.
Condena transversal
Las críticas no se hicieron esperar y tanto parlamentarios de oficialismo como de oposición manifestaron su condena ante tamaño desaguisado.
“Tiene que partir por devolver los recursos de inmediato y estar sujeto a todas las sanciones administrativas o incluso legales que pueda ocurrir”, afirmó el diputado Jorge Alessandri (UDI).
En tanto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) señaló que “de ser cierto los dichos de la expareja (de Urruticoechea), estaríamos claramente ante un delito de malversación de caudales públicos”.
En caso de que se acredite que hubo mal uso del beneficio, el diputado Urruticoechea se enfrentaría a sanciones como la censura y el recorte de la dieta parlamentaria.
La restitución del dinero debe determinarlo el Comité de Auditoría interna de la Cámara o la Comisión de Ética, una vez que haya resultados en la investigación.
