Nicaragua cargó este martes contra Estados Unidos, luego de que éste incluyera al país en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo, y lo acusó de impulsar este “nuevo atropello” sobre su soberanía.
“Ese nuevo atropello y agresión es un infame documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que se atribuye un rol por nadie concedido de guardián de los derechos humanos en el mundo”, comenzó diciendo la vicepresidente Rosario Murillo.
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“Desconocemos absolutamente esta atribución que el imperio norteamericano se auto concede y reiteramos nuestras justas acusaciones y denuncias sobre los gobiernos colonialistas de los Estados Unidos por todos los crímenes cometidos contra Nicaragua en distintos momentos de nuestra historia”, agregó a continuación.
La víspera, el secretario de Estado de la Administración de Joe Biden, Antony Blinken, presentó el informe anual en la materia que evalúa a naciones de todo el mundo y concluyó que tanto Nicaragua como Cuba y Venezuela “intentan presionar y castigar a los activistas exiliados, confiscando sus bienes”.
Asimismo, advirtió de otros abusos a opositores, como lo fue, por ejemplo, el cierre de más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, el retiro de su ciudadanía a unas 300 personas y el encarcelamiento de más de 100 presos políticos, a quienes mantiene recluidos “en condiciones atroces”.
Murillo desconoció estas denuncias en su contra y, en cambio, acusó a Washington de incumplir una sentencia emitida en la década de 1980 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dispone el pago de una indemnización por parte de Estados Unidos por los daños ocasionados con el minado de puertos y el apoyo militar y financiero a rebeldes derechistas.
En ese sentido, la esposa de Daniel Ortega sostuvo que “respondemos a su lista de calumnias, difamaciones e infamias adjudicándoselas a ellos mismos”.
Inclusive, la vicepresidente apuntó nuevamente contra la nación y sumó que este mismo martes se había alcanzado un acuerdo con Rusia con el fin de “contrarrestar” los efectos de las medidas y sanciones que Washington impone sobre el país y sus funcionarios.
“Hoy se firmó una importante declaración conjunta entre Rusia y Nicaragua contra las sanciones ilegales, agresiones decimos nosotros. Es una declaración donde se habla de los medios y las modalidades para contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas de las agresiones, llamadas sanciones, pero que son agresiones… son medidas coercitivas unilaterales”, continuó.
Desde 2018, Managua vive inmersa en una aguda crisis política y social que ha llevado al cierre de más de 3.600 organizaciones sin fines de lucro que asisten al pueblo, el encarcelamiento de cientos de opositores y religiosos y la persecución constante de quienes mantienen una postura disidente.
Sin ir más lejos, en las últimas horas se conoció que, en el último tiempo, las autoridades dispusieron el cese de actividades de 15 ONGs por, supuestamente, incumplir con la ley que las regula e informar sus estados financieros.
En 2023, el binomio Ortega-Murillo ordenó la excarcelación y expulsión del país de 222 presos políticos, a quienes despojó de su nacionalidad mientras que replicó esta última acción en 94 políticos, abogados y activistas.
