El expediente del caso Calamar detalló que el hoy imputado y exministro de hacienda Donald Guerrero utilizaba paraísos fiscales para distraer de su participación en algunas empresas de las cuales era accionista aun cuando fungía como ministro.
El expediente explica que Guerrero intentó ocultar el dinero y los activos movilizados producto de los delitos de corrupción utilizando personas físicas relacionadas y terceros, así como una variedad de entidades comerciales constituidas en la República Dominicana y en paraísos fiscales tales como Islas Bahamas, Las Tortolas, Panamá, Puerto Rico, entre otras.
De acuerdo al Ministerio Público, el acusado usaba empresas en paraísos fiscales y usó la modalidad de salir simuladamente de muchas de sus empresas cuando fue nombrado ministro en el año 2016.
El órgano acusador dice que el exministro de hacienda movilizó miles de millones de pesos a través de sus empresas relacionadas.
Donald Guerrero
En el escrito de acusación emitido por el Ministerio Público, se prueba que los acusados del Caso Calamar crearon una sofisticada organización criminal que inició sus operaciones desde el año 2012 y que presentan un crecimiento vertiginoso a partir del 2016, cuando el acusado Donald Guerrero fue designado como ministro de Hacienda.
Se responsabiliza a Ángel Donald Guerrero Ortiz de desplegar una estrategia combinada que no tendrían nada que envidiarle a un holding lícito, en cuanto a organización, funciones, perfil criminal de sus integrantes y los exorbitantes recursos que obtuvieron como ganancia, con la diferencia de que en este caso son acciones que tipificas, propias del crimen organizado, con el objetivo de distraer del erario, más de RD $41, 185,964,839.76.
Leer también: MP tras variación a Donald Guerrero: “Seguimos trabajando para presentar una acusación fuerte en Operación Calamar”
En el 2022 Donald usurpó las funciones del Tesorero Nacional y utilizó su calidad ministro de Hacienda para emitir bonos por US$250,000,000, además de ordenar al Banco de Reservas el pago de la suma de DOP 20,759,809,092.60, a favor de empresas cuyas deudas no habían sido conciliadas ni por las unidades ejecutora, ni por el Ministerio de Hacienda, ni por el Banco de Reservas, sin cubicaciones, ni factura, realizando pagos contra contrato de obras y cesiones de créditos.
![](https://n.com.do/wp-content/uploads/2024/03/BPResidencia.jpeg")
![](https://n.com.do/wp-content/uploads/2023/10/PROVIDEO-1-1.jpg")
