Por Carlos Arturo Guisarre. Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecusión de la Corrupción Administrativa (PEPCA) encartó a 34 personas y a 11 empresas en la acción penal etiquetada como Operación Calamar, que, de acuerdo con Wilson Camacho y otros 11 fiscales, exhibe una mafia a lo interno del Estado que desvió del patrimonio público casi DOP 21,000 millones, que “fueron a parar a las arcas privadas de los acusados y a la campaña presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2020”.
En ese sentido, ¿cuál, en específico, es la participación de cada uno de los encartados en Operación Calamar? Estos son los hechos que se les imputan a las personas, de acuerdo con el documento de petición de juicio que se filtró a los medios de comunicación, antes de que se les entregada a los acusados, y apenas cuatro días antes de las elecciones presidenciales y congresuales. Los nombres aparecen en el mismo orden que coloca el expediente.
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Donald Guerrero. Presuntamente cometió corrupción en el Estado, asociación de malhechores y usurpación de funciones. También, el exministro de Hacienda se mezcló en asuntos incompatibles con sus funciones gubernamentales, el uso de documentos falsos y haber obligado a alguien a firmar un documento por la fuerza. De igual manera, lo acusan de soborno, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos.
José Ramón Peralta. Se le acusa de utilizar sus funciones para sustraer recursos públicos, coalisión de funcionarios públicos y desfalco al Estado dominicano. De igual forma, se le señala por soborno pasivo, financiación ilícita de campañas políticas y maniobrar para adulterar informes de supervisiones de obras del Estado.
Gonzalo Castillo. Se le acusa de asociarse con diversos funcionarios públicos, para “a toda costa” desviar fondos del patrimonio público con fines de financiera de manera ilícita su campaña presidencial de 2020. “El acusado recibió fondos en su campaña que él sabía procedían de un desfalco al Estado dominicano, por lo que incurre en el financiamiento ilícito de campañas políticas y el lavado de activos”. El expediente Calamar afirma que Castillo depositó ese dinero en cuentas bancarias, desde las cuales hacía pagos relativos a las operaciones de sus aspiraciones políticas.
Daniel Omar de Jesús Caamaño. Se le acusa de usar como herramienta las cesiones de crédito sin ningún sustento a cinco empresas, desde las cuales recibía los pagos que aportaba a la supuesta estructura criminal. Presuntamente, recibió sobornos para autorizar libramientos de pagos, abusando de sus funciones de contralor general de la República.
Rafael Calderón. El exsenador es acusado de captar personas con reclamos de deuda pública por expropiaciones, aprovechando su condición de legislador, con fines de obtener beneficio personal y contribuir de manera ilícita a la campaña presidencial del PLD de 2020. Para eso, dice la acusación Calamar, se aprovechó de su supuesta cercanía con el exministro de Hacienda Guerrero.
Luis Miguel Piccirillo Mcabe. Se le acusa de abusar de sus funciones como director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para comprar, de manera fraudulenta, terrenos ubicados en el Distrito Nacional, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste. Supuestamente, ejecutó de ciertos contratos y desnaturalizó el Acuerdo Transaccional sobre Litis de Terrenos Registrados, Resolución Definitiva de Controversias y Desistimiento de Acciones o Litis sobre Derechos Registrados que se realizó en 2013. Asimismo, cobró DOP 59 millones en sobornos que luego “fueron a parar a la campaña presidencial de Gonzalo Castillo”. Su esposa, Virna Rosabel Poueriet Ruiz, abrió un certificado de depósito con 11 mil dólares USD en un banco nacional, sin que tuviera la capacidad de justificar la procedencia de ese dinero, que tampoco fue presentada en la declaración jurada de bienes del exdirector del CEA.
Claudio Silver Peña Peña. El Ministerio Público lo acusa de abusar de sus funciones como director del Catastro Nacional, al seguir órdenes ilícitas de su superior directo, el exministro Guerrero, para altarar el procedimiento de tasaciones públicas en beneficio del entramado. En algunos casos, los avalúos, supuestamente, se duplicaron sin sustento, como forma de sustraer dinero para la campaña presidencial del PLD. “Adquirió bienes, uno de ellos por valor de casi ocho millones de pesos, a sabiendas que procedían de actividades propias de corrupción, como el desfalco y la estafa en contra del Estado dominicano, que son delitos precedentes del lavado de activos”.
Princesa Alexandra García Medina. De acuerdo con la Operación Calamar, en su rol de directora del Departamento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, participó en la aprobación y celebración de libramientos de pagos de deudas administrativas, cooperando en la ejecución de las acciones fraudulentas que permitieron estafar al Estado dominicano. El objetivo de sus supuestas acciones ilícitas era lograr que los expedientes seleccionados, sobre pagos por expropiación de terrenos, salieran de forma rápida y sin trabas, para esto la acusada Princesa Alexandra García Medina, inobservó todas las evaluaciones realizadas por sus propios técnicos. Como compensación recibió en pago por soborno un apartamento ubicado en el condominio México 84, con un precio de venta, conforme al contrato de promesa de compra, de 160,000 dólares USD.
Aldo Antonio Gerbasi Fernández. “Ex director de reconocimiento de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda facilitó la tramitación y agilización de documentos a los fines de que se procediera, de forma expedita, al pago de los procesos por expropiación y deuda pública, previamente identificados por la estructura criminal, a sabiendas de que dichos pagos no procedían por no cumplir con los requisitos esenciales para su validación. Violentó e incumplió con los procedimientos propios de sus funciones”, afirma la acusación.
Ángel Lockward. Los hechos punibles que se encuentran ampliamente descritos este escrito de acusación relatan las formas en las que participó el acusado Ángel Gilberto Lockward Mella el cual se benefició ilegalmente, utilizando maniobras fraudulentas y prestanombres tales como Antonio Lujan Mercedes Rijo, Agustín Mejía Ávila, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, y hasta su propio hijo Ángel George Lockward Cruz, los cuales luego de recibido el dinero producto de los ilícitos penales imputados, estos los transferían al beneficiario real y final Ángel Lockward. Dentro de esta estructura criminal, el imputado Ángel Gilberto Lockward Mella, abogado experto en derecho administrativo y materia inmobiliaria, se encargaba del trámite de los documentos de los casos que eran captados por otros miembros de la estructura, prometiendo, a los legítimos beneficiarios, la materialización prácticamente inmediata de los pagos, para lo cual exigían un porcentaje considerable de los mismos como soborno. Estos pagos se obtenían sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos, utilizando la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas como mecanismo para poder ingresar los fondos pagados por soborno a la estructura criminal.
Alejandro Antonio Constanzo Sosa. Los hechos atribuidos al acusado consisten en una serie de maniobras fraudulentas
realizadas en asociación de malhechores, bajo las directrices de Ángel Lockward. También, presuntamente recibió y movilizó fondos en el sistema financiero, quedándose con parte del dinero recibido y transfiriendo parte de los fondos a Ángel Lockward, siendo estas actividades propias del lavado de activos.
Roberto Santiago Moquete. De acuerdo con el Ministerio Público, se asoció con los señores Agustín Mejía Ávila y Ángel Gilberto Lockward Mella, Álvaro Jiménez (Axionova Group SRL), Ramón David Hernández, Yahaira Encarnación Brito, Pedro María de la Altagracia Veras y Alejandro Constanzo Sosa, con el objetivo de realizar las gestiones pertinentes por ante el Ministerio de Haciendo a fin de obtener el pago de los derechos sobre terrenos que habían sido declarado de utilidad pública e interés social. A través de todas estas maniobras el Ministerio de Hacienda, pagó la suma total de DOP 441,227,775.00 como pago por los derechos de los terrenos, a sabiendas de que procedían de fuentes ilícitas.
Ramón David Hernández y Yajaira Brito Evangelista. La PEPCA plantea en su investigación que a través de maniobras fraudulentas, como lo fue la constitución de una empresa con nombre similar a la de los legítimos propietarios de terrenos expropiados, recibieron la erogación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda, a estos fines suplantaron calidades y haciendo valer poderes que no tenían estafaron al Estado y a los legítimos propietarios de los terrenos de La sociedad El Algodonal, C. por A. El acusado Ramón David Hernández utilizó de manera dolosa la información privilegiada que tenía por trabajar en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), desde donde tuvo acceso a información privilegiada de las compañías que tenían estatus inactivo.
Marcial Reyes. “El acusado a través de una serie maniobras fraudulentas, tales como falsificación de documentos públicos y privados, así como de calidades supuestas, estafó al Estado dominicano y se hizo entregar fondos bajo el concepto de pagos por expropiación, sin ser legítimamente beneficiario de tales, posteriormente usando dichos documentos, específicamente, acuerdo transaccional y contratos de cesiones de créditos, donde aparece firmando personas ya fallecidas”, estableció la PEPCA.
Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández de Paola. Los hechos atribuidos a la acusada consisten en hacer valer calidades que no tenía como heredera legítima de Alessandro de Paola (fallecido), para lo cual realizó maniobras fraudulentas, conjuntamente con su hermano Emir José Fernández de Paola, que tenían como fin obtener para su beneficio y provecho los bienes muebles e inmuebles del fallecido, para ello usaron documentaciones falsas y haciendo valer calidades que no tenían, reclamaron y recibieron pagos irregulares del Estado por expropiación de terrenos.
Oscar Arturo Chalas Guerrero. El acusado Oscar Arturo Chalas Guerrero, era director de Casinos y Juegos de Azar, formaba parte activa e importante del denominado “proyecto o programa” que implementó la estructura criminal. El Programa consistía en la gestión de cobro ilegal, mensual, de una suma de dinero en efectivo a los dueños de bancas de loterías, bancas deportivas y a los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en donde, por ende, el dinero obtenido de este cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino que iba a parar directamente a la estructura no gubernamental y con lo cual se realizaba pagos de soborno a los funcionarios de la Dirección de Casino y Juego de azar que participan en este esquema.
Julián Omar Fernández Figueroa. El acusado, dice la PEPCA, era director de Casinos y Juegos de Azar, durante el periodo del 1 de abril del 2019 hasta el 19 de agosto del 2020, formaba parte activa e importante del denominado “proyecto o programa”.
Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó (a) Neno. Se encarta como el empresario que financió con DOP 21,000,000.00 el denominado “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, bancas deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas.
Omar Manuel Miqui Arias. PEPCA dice que usó documentos en los que se falseó la firma del señor Francisco Armando Ortega Gonzáles, representante de la empresa ORLA, ingenieros y Equipos, S.R.L., y con ello logró la distracción de fondos, provenientes de pagos por deuda pública realizados desde el Ministerio de Hacienda, en su beneficio y provecho. “Estos fondos provenían de la construcción del centro penitenciario de Higüey, obra ejecutada bajo la sombrilla de OISOE, por el consorcio OROS/ Ingeniería y Equipos Orla S.A., representada por Francisco Armando Ortega Gonzáles, cuyo pago final fue enviado desde OISOE al Ministerio de Hacienda para ser pagado por deuda pública”. En ese sentido, el acusado solicitó al ingeniero Francisco Armando Ortega Gonzáles el pago de un soborno del 45% del monto adeudado para él ayudarle con los
tramites de pago en el Ministerio de Hacienda, realizando para estos fines una cesión de crédito sobre la base de una acreencia inexistente.
Rosa Arias Ruiz. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, en su calidad de oficial público (notario), en el ejercicio de su ministerio, desnaturalizó dolosa y fraudulentamente la sustancia de la cesión de crédito, dándole viso de legalidad a los fines de servir como soporte jurídico para el acusado Omar Manuel Miqui Arias apropiarse indebidamente de valores no adeudados a su persona.
Edwin Oscar Brito Martínez. El Ministerio Público asegura que este era hombre de confianza del exsenador Rafael Calderón, cuya función consistía en ubicar y captar personas con reclamos sobre terrenos expropiados, utilizando el mecanismo de cesiones de crédito, recibió pagos como soborno que oscilaban entre un 30 y 70% del monto total a pagar por el Estado, con el objetivo de canalizar los pagos dadas sus conexiones políticas con el entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero.
César Miguel Santana Martínez. Está encartado como abogado, asesor e intermediario, colabora en la instrumentación de cesiones de crédito ficticias, solicitó de forma directa pagos por soborno, firmó cesiones de crédito conforme las cuales recibió pagos por soborno. Asesoró a los demás miembros de la estructura para la comisión de la estafa y la ejecución de las cesiones de crédito. De igual manera, el acusado extorsionó a los beneficiarios directos de los pagos por expropiación bajo la amenaza de que en caso de no acceder al pago indebido estos pagos no saldrían de la Tesorería, para lograr esta acción realizaron contratos falsos de pagos de honorarios y temas legales.
Mabel Sahina Mejía Citrón. La investigación sustenta que se asocia con Edwin Oscar Brito Martínez, quien además es su esposo, y Rafael Porfirio Calderón Martínez, para firmar cesiones de crédito ficticias, y cobrar por esta vía los sobornos para la tramitación de los pagos por expropiaciones por ante el Ministerio de Hacienda.
Nathaly Hernández Guzmán. Sirvió, dice el PEPCA, de testaferra para recibir fondos provenientes de pago de soborno a través de cesiones de crédito ficticias sobre fondos provenientes del Ministerio de Hacienda por el pago de expropiaciones de terrenos. Esta recepción de fondos procuraba ocultar los beneficiarios reales de estos valores que eran el exsenador
Rafael Calderón y la estructura criminal dirigida desde el Ministerio de Hacienda por Donald Guerrero. El expediente señala que ella es empleada del Senado de la República.
Natividad Martínez Capellán y Kimberly Zayas Martínez. Madre y hermana de Edwin Oscar Brito Martínez respectivamente, sirvieron como prestanombres para recibir fondos de los pagados por soborno de su familiar Edwin Oscar Brito Martínez, usando documentos falsos, se hicieron transferir a través de cesiones de crédito ficticias grandes sumas de dinero.
Marino E. Cabrera Ramón. “Firmó cesiones de crédito ficticias en condición de beneficiario, recibiendo por esta vía pagos por soborno destinados a la estructura criminal dirigida por Rafael Calderón, cuyo destinatario final era Donald Guerrero, con el fin de patrocinar ilegítimamente la campaña de Gonzalo Castillo. Sirvió de prestanombre, para recibir fondos”, dice la acusación.
Juan Tomás Polanco Céspedes. Lo acusan de utilizar una serie maniobras fraudulentas, tales como falsificación de documentos públicos y privados, así como de calidades supuestas, estafó al Estado dominicano y se hizo entregar fondos bajo el concepto de pagos por expropiación, sin ser legítimamente beneficiario.
Manuel Milcíades Morilla Soto y Manuel Milcíades Morilla Gil. Los acusados, padre e hijo, recibieron “a través del pago de sobornos y en asociación con funcionarios públicos así como a personas físicas y jurídicas pertenecientes a una estructura criminal instalada en el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Ángel Donald Guerrero, estafaron al Estado dominicano y se hicieron entregar fondos bajo el concepto de pagos por expropiación, sin ser legítimamente beneficiario”.
Agustín Mejía Ávila. El acusado Agustín Mejía Ávila, a sabiendas de la realización de acciones ilegales, participó en los hechos señalados en el cuerpo de la acusación en calidad de prestanombre del acusado Ángel Lockward, a través del uso de cesiones de crédito ficticias, mediante las cuales recibía sumas de dinero y luego las transferencias al acusado Ángel Lockward, dice el expediente Calamar.
Daniel Alberto Guerrero Mena. Hijo de Donald Guerrero, asume la gerencia de la empresa Intercaribe Mercantil S.A.S., a la salida de su padre cuando es designado ministro de Hacienda. A través de la empresa Intercaribe Mercantil S.A.S, empresa constituida por el acusado Donald Guerrero en el año 2013, con el único objetivo de servir de suplidor de AC-30, a las empresas de Mustafa Abu Naba’A, quien era suplidor de AC-30 del Estado Dominicano, realiza una serie de maniobras fraudulentas con el fin de estafar al Estado, tales como uso de calidades que no posee, para beneficiarse del programa destinado a contratistas del Ministerio de Obras Públicas, sin tener este empresa ningún contrato en este ministerio. El acusado se asocia con Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, con el objetivo de extorsionar a Mustafa Abu Naba’A.
