Por Carlos Arturo Guisarre. Santo Domingo.- Estafas al Estado con el pago de expropiaciones, el uso del sistema financiera para mover parte del dinero, la complicidad de mandos medios en las instituciones públicas. La trama Calamar se desvela por medio de los testimonios de 170 personas.
¿Cómo retiraban el dinero de cuentas bancarias? ¿De qué forma utilizaban camiones blindados para trasladar lo que la PGR considera dinero ilícito? ¿Cómo algunos de los imputados, según la PEPCA, estafaron a beneficiarios reales de inmuebles heredados? La acusación de 3,662 páginas, que pide juicio para 34 personas y 11 empresas, pinta un complejo entramado en el que participaban funcionarios públicos, profesionales del derecho, empresarios tradicionales y hasta choferes. A continuación, una selección de testimonios relevantes.
Con el testimonio de Carlos Julio Montalvo, la PGR procura probar cómo funcionaba el retiro de dinero de parte de la estructura criminal y la entrega de este a diferentes personas de altas sumas en efectivo, como el caso de Ramón Emilio Jiménez (a) Mimilo y Emilio Rivas.
En ese sentido, el expediente expone a Eddy Michel Made Montilla, en torno a su testimonio sobre cómo funcionaba la estructura en lo relativo a la recogida de dinero en los colmados donde permitían máquinas tragamonedas a cambio de una cuota mensual. “También probamos que con esta práctica se obtuvo dinero ilícito saliendo beneficiada la estructura y así como se realizaba pago de soborno que recibían los acusados Julián Omar Fernández Figueroa y Oscar Arturo Chalas Guerrero, cada uno en su momento.
Asimismo, Sandra Denice Mancebo De Escalante prestó un testiminio con el que la PGR pretende probar que en fecha 11 de diciembre de 2019, firmó un contrato de cesión de crédito con el acusado Ángel Lockward, por un monto de DOP 1,000,000.00, por concepto de deuda, sin que en dicho contrato se aporte ningún tipo de documentos que justifique la señalada deuda, de los cuales solo recibió la suma de DOP 666,000,00. “La misma es esposa de Carlos Escalante, socio del
acusado Ángel Lockward y en esa condición Carlos Escalante hacía diligencias en nombre del acusado Lockward sobre el procesos de pago de parcelas.
Además, con el testimonio del ingeniero Francisco Armando Ortega González, la PEPCA busca sustentar cómo este fue estafado por los acusados Omar Manuel Miqui Arias y Rosa Arias Ruíz, con la suma de DOP 47,313,740.47, pagados por concepto de deuda pública por el Ministerio de Hacienda por autorización del acusado Donald Guerrero, mediante el libramiento de pago núm. 3685, en fecha 01 de noviembre del año 2018, depositado mediante transferencia bancaria desde la cuenta núm. 100010102384894 a la cuenta 01100003914 del Banco Banesco, a nombre de la empresa Miqui Trade, S.R.L, propiedad del acusado Omar Manuel Miqui Arias, en fecha 28 de noviembre del año 2018.
“Utilizamos el testimonio de Teresa María Guzmán García para probar los hechos acusatorios de Rafael Calderón (exsenador), Edwin Oscar Brito Martínez, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, César Miguel Santana Martínez, Mabel Shaina Mejía Citrón y Nathaly Hernández Guzmán, respecto a la entrega de la suma equivalente al 42% de la deuda reclamada como condición para que Donad Guerrero solicitara a Bienes Nacional la remisión del expediente de pago de los sucesores de Gregorio Manzueta, por concepto de expropiación de una parcela”, cita el expediente Calamar.
La parte testimonial de Baldemar Andriw Ovalle Sánchez prueba, en consonancia con el expediente Calamar, todas las operaciones en las cuales le sirvió como prestanombre al acusado Rafael Calderón y a Edwin Oscar Brito Martínez para recibir dinero de pagos a cambio de que el ministro de Hacienda autorizara pagos por concepto de expropiación y deuda pública de procesos que eran captados por la estructura criminal. “Probamos también qué cantidad y de qué forma entregó los fondos públicos que recibió por concepto de pago de expropiación y deuda administrativa entregó a los acusados Rafael Calderón y Edwin Oscar Brito Martínez, a quienes le sirvió como interpósita persona para recibir los pagos efectuados por el Ministerio de Hacienda”.
Igualmente, el testimonio de Amviorix Gerinerdo Feliz de los Santos, exempleado de la Contraloría General de la República durante la gestión del acusado Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, como encargado de Registro de Contratos hasta finales de noviembre de 2020, establecerá “el flujograma del proceso de cómo se efectúan los registros de contratos, a cuáles unidades y dependencias iban y cuales aspectos se debían cumplir antes de la salida del libramiento, de igual forma explicara sobre la persona responsable de las cesiones de créditos y que iban directamente al Departamento de Revisión y Análisis dirigido por Sandy Sánchez, también hará mención sobre su relación con el acusado Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, así como la participación activa del exasistente Ramon Pérez y como este se movía por las
diversas dependencias y decía que los contratos debían salir rápido”, dice la investigación.
Del mismo lado, el testimonio de Anderson Manuel Ferreras Méndez, narra que trabajó en la Superintendencia de Bancos, en el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y luego en la Tesorería Nacional, entonces “explicare de su participación en el proceso electoral de 2019, las elecciones internas del PLD, de quien recibió fondos y financiación para el día D, cuánto dinero recibió de Fernando Crisóstomo, el tipo de información que le brindada sobre los libramientos, así como el dinero que recibió de parte de Efraín Báez en las oficinas de Fernando Crisóstomo”, manifestó Camacho.
Como parte del expediente acusatorio etiquetado como Operación Calamar, el testimonio de Roque Napoleón Muñoz Benedicto, dueño de la denominada La Casita, muestra puso las negociaciones para el arrendamiento en manos de Hugo Pagan, de Remax Líder, que recibía los pagos a una de sus cuentas en el Banco Popular, a su vez los montos recibidos, contrato de alquiler de la casita que estaba firmado por su hermano, pero que el control de todo era llevado por él mismo, a su vez refiere sobre el alquiler desde 2011 hasta 2020, llevado a cabo por José Miguel González Cuadra y la participación activa y financiera del acusado Jose Ramon Francisco de Jesús Peralta Fernández, quien pidió de manera directa la rebaja del inmueble.
En ese sentido, con el testimonio de Paola Michelle Vásquez Medina, quien trabajó para el Ministerio Administrativo de la Presidencia en la gestión del acusado José Ramon Peralta, el Ministerio Público pretende probar ella fue quien redactó al menos un contrato de inmueble, y se establece la forma en que se pagaba. “Quien era el propietario del inmueble, que recibía las informaciones para el pago de parte del acusado José Ramón Peralta, a su vez realizaba los descargo de los pagos de dicho inmueble y que Roque Muñoz debía pasar por la oficina del exministro, de igual forma habla sobre el finiquito para la entrega de La Casita, y la documentación de entrega del 07 de septiembre 2020”.
Citado por el expediente, el testimonio de Víctor Antonio Collado Arias sirve para probar la forma en que era entregado el dinero efectivo a Fernando Crisóstomo Herrera, quienes y la forma en que retiraban el dinero, cómo surge la necesidad de utilizar los camiones blindados para el traslado del dinero que era retirado del depósito de BanReservas y le era entregado a la estructura criminal, cómo conoció a Fernando Crisóstomo Herrera y cómo coordinaba con él para el retiro oportuno del dinero, también explica sus responsabilidades como Director General de Operaciones.
De su lado, el testimonio de Emilio Toribio Olivo, exdirector general del Instituto Agrario Dominicano (IAD) entre 2014 y 2020, plantea que durante su gestión fue solicitado por el acusado Donald Guerrero el expediente de expropiación de los terrenos de la Parcela 1-Reformada del DC 20, Santo Domingo, propiedad de las compañías Fincas de Recreo Villa Mella. S.A, Inmobiliaria Santa Bárbara S.A, y Desarrollos Rurales S.A representadas por el acusado Roberto Santiago Moquete Ortíz, donde el IAD tenía dos asentamientos agrícolas. “Asimismo, probamos que el acuerdo transaccional firmado por este y Roberto Santiago Moquete en representación de las compañías Fincas de Recreo Villa Mella. S.A, Inmobiliaria Santa Bárbara S.A, y Desarrollos Rurales S.A representadas por el acusado Roberto Santiago Moquete Ortíz, fue enviado por el Ministerio de Hacienda, específicamente por la Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa, a la consultaría Jurídica del IAD recibido por el subconsultor Pascual García Soler, para que fuera firmado y enviado a ese Ministerio junto con el expediente de expropiación”.
El testimonio de Nelson Michael Matos Rodríguez, como exempleado del Ministerio Administrativo de la Presidencia, revela las instrucciones que recibió de parte José Ramón Peralta para aperturar una cuenta que fue usada para recibir fondos con la idea financiar la campaña política del PLD, en el año 2020. “Cuenta bancaria sobre la cual no tenía control de los fondos que recibía ni tampoco podía definir el destino de los mismos, también describe el inmueble de La casita, y el tipo de actividades que eran realizados desde el mismo”, sostiene el expediente acusatorio.
En el caso de Josefina Altagracia Olivo Payano, fue empleada del Ministerio de Hacienda, fungiendo desde el año 2018 como encargada de la actual División de Registros y Tramitación de Expedientes, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa, departamento donde la acusada Princesa García era la directora. “Además, su testimonio establecerá los procedimientos de pago de los expedientes en la Dirección General de Crédito Público y el proceso de análisis de estos y la responsabilidad de las personas involucradas en los mismos”.
Asimismo, con el testimonio de Wilfredo Castillo Rosa, la PGR trata de probar su participación y la de Donald Guerrero, Emilio Cesar Rivas Rodríguez, Belkiz Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarína Beltré Torres, Oscar Ramón Ortíz De La Rosa, Ángel Lockward Mella, Princesa Alexandra García, Claudio Silver Peña, Fernando Crisóstomo Herrera, Marcos Antonio Martínez Hernández, Pedro María de la Altagracia Veras, Álvaro Jiménez Crisóstomo, BXT Dominicana, S.R.L., Grupo DIBEFE, S.R.L. y Héctor Julio Gatón, en relación a los pagos realizados por el Estado Dominicano por expropiación de una parcela.
“El testimonio de Olfa Euridici Muñoz Espinal, exempleada del Banco de Reservas hasta marzo 2023, establece quiénes estaban bajo su supervisión, hablará en detalle sobre el tipo de operaciones que generaban alerta y qué tipo de diligencias debía que realizar; identifica a Yonoris Altagracia Bottier Galan, y que la misma era referida por María Elena Belliard Feliz, que por instrucciones de ella debía asignarle un cajero, que Yonoris Altagracia iba de manera frecuente a realizar transacciones y que eran cheques. Además, probamos que alguna vez llegó con un bulto tipo laptop”, incluye la acusación Calamar.
Además, Andrés Guerrero, excontralor del Banco BanReservas, prestó un testimonio con el que la PGR pretende sustentar en qué consistió su relación con Fernando Crisóstomo Herrera y Bolívar Ventura, referente a los retiros de efectivo y cambio de cheques desde el Banco BanReservas, por cuales razones puso en contacto a Víctor Antonio Collado, director general de Operaciones del Banco BanReservas con Fernando Crisóstomo Herrera y Bolívar Ventura. “Probamos el lugar y la operatividad que se implementaba en el BanReservas donde se autorizaron y retiraron los ahorros y cambios de cheque por las empresas y choferes de Fernando Crisóstomo Herrera, Ramon Emilio Jiménez Collie y Bolívar Ventura, testificará sobre en quién descansan los límites establecidos para manejo de pago cheques y retiros de cuentas en la Reservas Central, y su participación en todo lo concerniente al cumplimiento del banco”.
“Con el testimonio de Mustafá Abu Naba’A, suplidor internacional de cemento asfaltico en distintas modalidades y suple AC-30 y FG al Estado dominicano desde hace más de veinticinco años, probamos que es copropietario de las empresas Sargeant Petroleum LLC, Kyrat y Petroleum Energy. Asimismo, que con la primera de las empresas mencionadas posee, desde el año 2002, contratos para el manejo, distribución, almacenamiento y abastecimiento de cemento asfaltico con el Estado dominicano. Además, probamos que en el año 2013 el acusado Gonzalo Castillo le paralizó los pagos, presionándolo a firmar un contrato nuevo para el almacenamiento y manejo de AC-30. También probamos que fue invitado por Alejandro Cruz a una reunión en el apartamento de Gonzalo Castillo y en esa reunión le dicen que tiene que hacer un nuevo contrato y le proponen hacer un contrato Joint Venture. Que el acuerdo Joint Venture se hizo con José Miguel González Cuadra y Donald Guerrero, donde compartían los beneficios, 68% era para él y 32% de las ganancias era para José Miguel González Cuadra y Donald Guerrero”, indicó el expediente Calamar.
Por otra parte, el testimonio Ramón Pepín del Rosario, el exministro de Obras Públicas que sustituyó a Gonzalo Castillo, le sirve a la PGR para probar, las maniobras fraudulentas realizadas por Donald Guerrero, Daniel Guerrero Mena, la empresa Intercaribe Mercantil y la asociación para delinquir que se benefició del desembolso fraudulento. “También probamos, que para materializar el desfalco se falseó cubicaciones, certificaciones de deuda, suplantaron firma, adulteraron listado, y también realizaron transferencia triangulada propia del lavado de activo, teniendo como beneficiario a Donald Guerrero, Daniel Guerrero Mena e Intercaribe Mercantil y los demás miembros de la asociación delictiva”.
En adición, con el testimonio de Roberto José Jiménez Lubrano, director de Banca Corporativa del Banco de Reservas, la PEPCA pretende probar “todas las ilegalidades en el proceso de manejo del programa de apoyo a contratista del Estado y del proceso de aprobación de la línea de crédito, que fue él quien aprobó a Donald Guerrero la línea de crédito para la empresa Inter Caribe Mercantil”.
