Querellantes caso Calamar habrían sido dejados fuera en acuerdo de recuperación de bienes

SANTO DOMINGO.- El acuerdo solicitado por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) a favor de seis testigos y una empresa involucrados en el supuesto desfalco del caso Calamar, solo beneficiaría con los bienes decomisados al Estado dominicano y a los abogados del equipo de recuperación, excluyendo a las víctimas querellantes que tienen años en proceso de reclamo.

Dicho criterio de oportunidad será conocido mañana miércoles 29 de mayo por el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, y contempla la extinción de la acción penal hacia Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa del Grupo Dibefe, S.R.L.

MP pide extinción penal para quienes llegaron a acuerdos caso Calamar

De acuerdo a la solicitud de homologación de la Pepca, los encartados –que confesaron su participación en la trama del caso Calamar- habrían “resarcido el daño causado al Estado dominicano mediante la devolución de los fondos sustraídos”, por lo que se pide “declarar el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes muebles e inmuebles entregados de manera voluntaria por cada imputado”.

La negociación realizada por el Ministerio Público (MP) no tiene contemplado incluir como beneficiarios de los bienes decomisados a los querellantes que afirman ser estafados con la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública, ni a ninguna otra víctima fuera del Estado.

Hasta ahora, se desconoce el detalle de los bienes que habrían entregado los beneficiados con la negociación realizada por el MP, pero el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) –tal como indica el contrato firmado por los abogados- recibiría un 15% de lo recuperado.

El ERPP es un colectivo de abogados con delegación especial otorgada por la presidencia de la República Dominicana a través del Decreto núm. 22-21. Para este caso, el equipo de juristas está constituido por Jorge Luis Polanco Rodríguez, Manuel Conde Cabrera, Sóstenes Rodríguez Segura, Fabián Melo y Keryma Marra Martínez.