Por Carlos Arturo Guisarre. El déficit cuasifiscal, las pérdidas en los gastos operativos del Banco Central, debe ser un tema puesto en el tope de la agenda de la discusión de una reforma fiscal, que todas las parcelas políticas, representantes del sector empresarial y la sociedad civil consideran como inminente.
Esto lo consideró Luis Vargas, economista, al ser consultado por N Digital acerca del camino que deberían tomar los debates sobre una reforma fiscal que, entre otras cosas, aumente la presión tributaria sobre personas y negocios. Vargas asegura que un Banco Central que opera en déficit carga las espaldas de los contribuyentes de forma más severa de lo que lo hace el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (Edes), la factura petrolera o las pensiones suntuosas del Estado dominicano.
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“El Gobierno dominicano se opone a un debate serio sobre el déficit cuasifiscal, porque si se lleva a cabo, saldría a la opinión pública la evidencia de que el Banco Central se encuentra en una situación de bancarrota técnica, ya que ese déficit es de aproximadamente 1.1 millones de millones de pesos DOP, monto equivalente al presupuesto general del Estado. El Banco Central es deficitario y arrastra al Gobierno Central cargándole ese pasivo”, .
El economista indicó que el Banco Central debe ser el tema principal de una reforma fiscal, puesto todo el sistema financiero, incluidos los fondos de pensiones, están envueltos en su éxito o fracaso, en especial porque bancos y AFPs adquieren certificados bancentralianos como parte de sus estrategias de gestión de caja, sin contar conque el BCRD es el prestamista de última instancia de toda la economía.
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Igualmente, Vargas estima que para conversar sobre mayores ingresos para el Estado, deben ser abordados casos como el de la energía eléctrica, más específicamente las operaciones deficitarias de las Edes, porque las empresas compañías, del Sur, Norte y Este, representan un barril sin fondo que ya alcanza los 1,600 millones USD en subsidio. “Se intentó una supuesta privatización, vendiendo los activos del sector eléctrico del Estado a precio de vaca muerta, pero como sabemos, el sector privado fracasó”, agregó Vargas.
Dentro de las conversaciones tendentes a una reforma fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) requiere una profunda transformación, dijo Vargas, puesto que no es sostenible que la evasión del impuesto sobre la renta alcance un 65% del impuesto sobre la renta, mientras que la evasión del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) ronde el 42% cada año. “En este país solo se le cobra es al trabajador, el empresario tiene formas de pagar menos de lo que debería”, expresó.
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Otro tópico a tratar es el fin de algunas exenciones. Vargas presentó el ejemplo del sector turismo, cuyas facilidades fiscales se han extendido, pese a que se trata de empresas altamente rentables. “De 127 playas que tiene nuestro país, se han entregado 107 playas para que estén en control de empresas turísticas, ¿qué más vamos a hacer para incentivar el turismo?”, se pregunta.
Vargas cree que el Congreso Nacional debe aprobar una reforma fiscal que eleve la presión tributaria, para abordar los desafíos sociales pendientes en materia de educación, salud, vivienda, seguridad pública y seguridad social. “En este país hay mucha hambre, eso parece que lo ignoran los planificadores estatales, porque ese tema no se ve en ninguna agenda”.
Aunque felicita al Gobierno por su intención de abordar la reforma fiscal en el próximo período, critica que en los cuatro años por terminar ni esta administración ni las anteriores hayan asumido la responsabilidad consignada en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo cumple con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su artículo 36 se refiere a esto.
“Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”, refiere el artículo 36 de la Estrategia que está por vencer en 2030.
En ese sentido, la legislación plantea que el pacto fiscal implicaría que en un plazo no mayor de tres años se habrá iniciado un proceso orientado a: i) reducir la evasión fiscal, ii) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, iii) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, iv) consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, v) racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos, vi) elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, vii) cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y viii) elevar el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.
