Justicia chilena va por hijos de líder del grupo radical mapuche condenado a 23 años de prisión

Tras la condena a 23 años de prisión recientemente dictada contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), ahora la justicia busca poner tras las rejas a sus hijos, Ernesto y Pelantaro, a fin de descabezar al grupo radical mapuche que más atentados ha realizado en el país. Ambos están imputados por diversos delitos, en causas separadas, en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Tras anulado un primer juicio por “cuestiones de forma”, este jueves se inició un segundo proceso contra Ernesto en Los Ángeles (515 kms al sur de Santiago), quien es acusado de homicidio frustrado por su presunta participación, junto a otros cuatro individuos, en un ataque incendiario perpetrado en septiembre de 2021 a un fundo ubicado en un sector rural de esa ciudad. El juicio se extenderá hasta el 28 de junio y comparecerán más de 60 testigos y peritos.

Según la acusación hecha por la fiscalía “junto a otros sujetos no identificados, los acusados, formaban parte de una organización destinada a planificar y ejecutar actos de reivindicación, como usurpaciones de terrenos y sabotaje”.

Cabe recordar que en noviembre de 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a los mismos acusados como coautores de dos delitos frustrados de homicidio y dos delitos de incendio de camión, uno en carácter de consumado y el segundo tentado. También declaró culpable a otro hombre como cómplice del ataque en el fundo “Punta Arenas”.

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Sin embargo, en un fallo unánime, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción revocó la sentencia con el argumento que el dictamen no valoró adecuadamente los antecedentes aportados por las defensas.

Por otra parte, el fiscal regional de la Araucanía, Miguel Rojas, presentó una acusación en contra de Pelantaro, hijo menor de Llaitul, por diversos ataques ocurridos en noviembre de 2022 en las cercanías de Nueva Imperial y Carahue (unos 700 kms al sur de Santiago).

Según el escrito, se investigaron “ocho delitos distintos que dicen relación con incendios en lugares habitados, incendio de distintas maquinarias y distintas infracciones a la Ley de Armas, sin dejar de mencionar también la comisión de delitos graves, como robo con retención (de víctimas) y robo con intimidación”.

Para este último la fiscalía solicitó penas que suman en total más de 60 años de cárcel.

Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la reciente aprobación de una nueva prórroga del Estado de Excepción en la llamada Macrozona Sur (que comprende las regiones de BíoBío y La Araucanía), medida que ha estado en vigor durante dos años y que posibilitó militarizar la zona. Aseguró que durante este tiempo, se ha observado una significativa disminución en los delitos y hechos violentos.

“Al momento de renovar (el Estado de Excepción) es importante evaluar que ha habido un 37% menos ataques violentos en este periodo de dos años respecto a los dos años anteriores. Ha habido un 105% más de condenas y un 157% más de detenidos, es decir, ante un retroceso de los ataques violentos, incrementan las detenciones y las condenas”, aseguró la ministra.

La autoridad de gobierno recalcó que los números demuestran que la medida ha resultado ser efectiva, subrayando que la baja en los atentados incendiarios se ha visto acompañada de un aumento en las detenciones y condenas de los responsables.

Finalmente, la ministra destacó que se están implementando constantemente nuevas medidas de seguridad y reforzando las acciones policiales en la todos los puntos neurálgicos de la Macrozona Sur, con el objetivo de continuar traer la paz y garantizar la seguridad de los habitantes de la región.