Por Génesis García. Desde hace años, la República Dominicana presenta un déficit en las recaudaciones, lo que ha activado la alarma para una reforma fiscal, que busca, entre otras cosas, compensar los gastos. El Gobierno, pese a los buenos números de la economía que proyecta a crecer más de un 5 % en 2025, se alista para someterla a discusión.
En ese sentido, el tema de una reforma es espinoso, porque vendría que lesionar algunos sectores. Danilo Medina no la ejecutó antes de salir, el presidente Luis Abinader la abortó en 2020 por temor a perder votos, pero ya asegurado otro periodo presidencial, se enfoca a someterla a debates con los diferentes sectores.
Esta que se ha vislumbrado como “el cuco de los mandatarios”, pues de la buena ejecución de ella depende el éxito o fracaso de un Gobierno, debido a que de ahí sale el porcentaje de la cobranza y recaudo de impuestos de forma macro y micro, además de las exenciones que podrían ser eliminadas, reducirse o mantenerse.
Este último que para el sector industrial es de suma importancia, ya que, con las exenciones estos pueden invertir en la compra de equipos, para así competir con grandes industrias internacionales.
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La reforma, que, según expertos, debe ser observada desde todos los sectores con miras a buscar soluciones en la que no afecte la inversión y producción ya está en la palestra.
Pero para poder entender más afondo la reforma fiscal y porqué es necesaria se debe exponer varios temas:
Desde antes de la llegada del presidente Abinader, ya se hablaba de una posible reforma, que no pasó en gobiernos anteriores, y que se esperaba, se podría ejecutar en su primer mandato.
Pero no ha sido hasta ahora, cuando el presidente abiertamente ha hablado del tema proponiendo una mesa de dialogo en el que incluye a las fuerzas opositoras y los sectores productivos.
Reforma año 2012
La última reforma empleada y que mantiene vigencia, tiene un aproximado de doce años. La misma estableció un aumento del impuesto a las transacciones de bienes industrializados y servicios (Itbis) del 16% al 18%, así como una tasa reducida del 8% para bienes que anteriormente estaban exentos. Todo esto bajo la Ley 253-12.
Gracias a la reforma, surgió un incremento de los ingresos del gobierno central, que a septiembre de ese año alcanzó un 12,4%, mientras que los gastos totales de la administración central disminuyeron un 13,4%, como consecuencia de una reducción de la inversión fija (-59,6%) y de las transferencias de capital (-49%).
El esfuerzo de consolidación fiscal realizado permitió que el déficit consolidado se redujera al finalizar el año al equivalente al 4,3% del PIB. Como consecuencia, la deuda externa a septiembre disminuyó a un 22,3% del PIB, después de registrar un nivel del 23,6% del PIB a finales de 2012.
Mientras que el aumento de los activos del sistema financiero permitió que a septiembre su rendimiento sobre el patrimonio fuera de un 18,5%, frente a un 16,2% a septiembre de 2012. De igual forma, su capital pagado aumentó un 15,4% respecto del registrado en septiembre del año anterior.
Manteniendo así una estabilidad en la economía.
Ingresos y gastos del Gobierno
En la actualidad, el Gobierno posee unos márgenes entre gastos e ingresos no correspondidos, pues los números impositivos son mayores, lo que lleva a incurrir en préstamos para poder solventar los compromisos, muchos de ellos que son en ayudas sociales.
Para este 2024, el Presupuesto General del Estado es de RD$1,619,679,766,693, con ingresos de RD$1,619,679,766,693 y déficits de RD$229,247,906,568.
El informe de política presupuestaria 2024 del Ministerio de Hacienda establece cuales han sido los márgenes reales de ganancia entre el 2023 y 2024 con relación al PIB, la inflación y el crecimiento.
Esto sin dejar de lado, las políticas de financiamiento, gastos e ingresos, las cuales explican:
Que la continuidad en compromisos ya establecidos por el Gobierno, deben continuar sin incurrir en mayores gastos.
Todo esto, bajo los lineamientos de política fiscal a mediano plazo que se fundamentan en garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, con el objetivo de destinar los recursos públicos necesarios para fortalecer la recuperación económica, abordar la compleja coyuntura macroeconómica actual y satisfacer las demandas sociales que se han considerado en el programa de gobierno.
Según Hacienda, de manera precisa, se prevé que el déficit global descienda de un 3.3% del PIB en 2023 hasta 2.5% del PIB en 2027.
En este mismo orden, el resultado primario se mantendría exhibiendo un superávit que se incrementaría hasta 1.1% del PIB en el 2027, consistente con el proceso de consolidación fiscal planteado por el gobierno.
Siendo estas las estimaciones en gastos e ingresos totales proyectados hasta 2027
Sugerencia del FMI
Una agrupación del Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que la reforma debería contemplar bajar las exenciones.
Entre los puntos se pueden citar:
Política financiera
Se requieren más avances para modernizar el marco regulatorio y ampliar el conjunto de herramientas macro prudenciales. La Superintendencia de Bancos ya está monitoreando de cerca la capacidad de las instituciones financieras para cumplir con los estándares internacionales.
Reformas estructurales
Los grandes esfuerzos para mejorar las instituciones públicas, la gobernabilidad y el clima de negocios, en el centro de la agenda de reforma de las autoridades, son esenciales para impulsar el crecimiento inclusivo y la resiliencia.
Entre los datos que destacaron, además, está el estudio de cuantificar y graficar una obviedad: lo que representa el principal obstáculo para el desarrollo de un negocio en el país es la carga impositiva.
La opinión de expertos
La economista y exsubdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Germania Montás, en una entrevista que diera al periódico Diario Libre, consideró indispensable que las autoridades analicen primero la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) para luego avanzar con las propuestas de reforma fiscal en el país.
La experta en economía entiende que, la solución podría estar en la gestión y no solo en los recursos.
“Lo ideal sería que la referida ley fuera revisada a fin de adecuarla con metas y objetivos más realistas, de acuerdo con la realidad actual que ha sufrido cambios importantes que se derivan, en parte, de los efectos de la pandemia y del propio retraso del cumplimiento de la ley”
Además, enfatizó que en estos momentos las finanzas públicas requieren de mayores ingresos, por lo que es necesario aumentar la presión tributaria a través de la reforma fiscal.
Por su parte, el economista y matemático Jaime Aristy Escuder, en su artículo “Hacia un sistema impositivo óptimo”, publicado en Diario Libre, señala que la reforma tributaria debe ser equitativa y evitar medidas regresivas a menos que los contribuyentes de menores ingresos sean compensados.
Dijo que la reforma también debe promover la equidad horizontal, para que así dos contribuyentes con el mismo nivel de ingresos o consumo paguen la misma cantidad de impuestos.
Añadió que diversos estudios revelan que, si la República Dominicana tuviese un nivel de eficiencia similar al promedio de la región, las recaudaciones del Itbis y del impuesto sobre la renta de personas físicas y jurídicas pudieran aumentar hasta en cuatro puntos porcentuales del producto interno bruto.
El plan de Abinader
El presidente Abinader ha enfatizado la importancia de realizar reformas de manera adecuada y sin apuros, reconociendo los logros en la reducción de la pobreza y la mejora en la disminución de la subalimentación en el país.
El mandatario puesta al crecimiento económico y la eficiencia en el uso de los recursos gubernamentales para combatir la pobreza.
En este aspecto, ha anunciado la presentación de un proyecto de reforma fiscal que buscará la consulta no solo con la oposición política, sino con la sociedad en general.
Para lograr una integración del colectivo, para esta casi inminente reforma fiscal que se avecina. Sin embargo, aún el país cuenta con el desafío de existencias en recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad.
En ese sentido, el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, ha resaltado el crecimiento económico en las últimas décadas de la nación dominicana y la reducción significativa de la tasa de pobreza absoluta y moderada en el país, que se sitúa en un 23 %, reflejando avances importantes en la lucha contra la pobreza en comparación con otros países a nivel mundial.
Así mismo, señaló que la deuda del sector público no financiero ha experimentado un significativo aumento, pasando de US$29,544 millones en 2017 a US$55,698 millones en abril de este año, lo que representa un incremento absoluto de US$26,154 millones, equivalente al 88.5 %
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Turismo y otros sectores afectados
Entre los sectores que se podrían ver afectados en una posible reforma fiscal, es el turismo y la inversión extranjera.
El país, que, hasta el momento, mantiene un clima abierto para los inversionistas, con acompañamientos, igualdad de trato, garantías gubernamentales, así como incentivos.
De los cuales los inversionistas gozan de importantes bonificaciones, lo que favorecen y aseguran las inversiones. Ciertamente, la Ley 158-01, de Incentivo Turístico, modificada por la Ley 195-13, otorga amplias exenciones fiscales, por períodos de hasta quince años, para proyectos nuevos que cumplan con los requisitos establecidos.
Estas exenciones benefician de forma directa a inversionistas que decidan ejecutar; instalación, construcción, remodelación entre otras en el sector hotelero.
Una de las exenciones de las que disfrutan los inversionistas, es que, a los hoteles y resorts ya existentes, que cuentan con más de cinco años de construidos se benefician de una exención total del pago del impuesto de transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) sobre los equipos, materiales, maquinarias y bienes muebles necesarios para la modernización y renovación de sus instalaciones.
Además, los hoteles y resorts con más de quince años de construidos que se reconstruyan o remodelen en más del 50 % de sus instalaciones pueden aprovechar las mismas exenciones impositivas que los proyectos nuevos.
Por otro lado, las personas físicas y las empresas podrán deducir de su impuesto sobre la rente hasta un 20 % de las ganancias anuales que inviertan en un proyecto turístico aprobado.
Otro sector que se puede ver afectado son los contribuyentes bajo el Régimen Simplificado de Tributación (RST), quienes en su mayoría son emprendedores o microempresarios.
A lo que, Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), hizo mención del sector al ser consultada con el tema reforma fiscal, destacando la importancia de simplificar la fiscalidad para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de fomentar su formalización y facilitar su cumplimiento tributario.
La representante de la asociación considera crucial reordenar el gasto público y promover alianzas público-privadas para financiar infraestructuras y obras productivas que impulsen el crecimiento económico de manera sostenible.
Por tanto, la ABA se muestra en disposición y con el compromiso de contribuir en la mesa de concertación para la elaboración de un gran pacto fiscal que sea fundamental para el desarrollo económico y social del país.
Qué dicen los empresarios
Julio Virgilio Brache, quien es el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), se ha referido al tema con la inquietante de que espera que la reforma no afecte el sector productivo del país y le permita seguir trabajando y creando empleos. ´´
Puntualizó que antes de hablar de reforma se debe cerrar los baches que aún hay, como lo es el tema eléctrico.
“Hay que ver cómo se maneja y se mejora la eficiencia de la transmisión eléctrica, la pérdida en conductividad, cómo se mejora la recaudación de las instituciones o personas que no están pagando ahora mismo. Ese es otro tema que tenemos que ver. Destacando que era más prioritario que la reforma.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive), ve como preocupante el posible aumento en impuestos que traería una reforma fiscal a vehículos usados, catalogándolo como “un duro golpe a la clase media” y una medida que favorecería a los importadores de vehículos nuevos.
La asociación externó su respaldo a una reforma fiscal que sea “integral, justa y equilibrada” en la que no se vulnere a la clase trabajadora ni se perjudique a un sector en beneficio de otros sectores.
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