Los republicanos y los activistas conservadores han apuntado cada vez más a una orden ejecutiva emitida hace tres años por la administración Biden que tiene como objetivo impulsar el registro de votantes, alegando que es inconstitucional y un intento de interferir en las elecciones de noviembre.
Un correo electrónico reciente sobre recaudación de fondos enviado por un comité de acción política del Partido Republicano es un ejemplo de cómo están formulando la orden, diciendo que obliga a las agencias federales “a actuar como la máquina personal de Biden para “conseguir el voto’”. El comité emitió recientemente citaciones a directores de agencias y un grupo de secretarios de Estado republicanos pidió a la Corte Suprema que asumiera un caso que impugnaba la orden.
A pesar del rechazo de la derecha, no ha habido indicios de que la orden favorezca a los votantes de un partido sobre los de otro.
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La portavoz de la Casa Blanca, Robyn Patterson, dijo que la administración seguirá protegiendo los derechos de voto de los ciudadanos elegibles, independientemente de su afiliación política. Biden emitió la orden en 2021 mientras las legislaturas republicanas de todo el país debatían una ola de restricciones estatales al voto en medio de afirmaciones falsas de que un fraude generalizado le había costado la reelección al expresidente Donald Trump.
“Estas son afirmaciones infundadas presentadas por las mismas personas que difundieron mentiras desacreditadas sobre las elecciones de 2020 y han utilizado esas mismas mentiras desacreditadas para promover leyes en todo el país que hacen que sea más difícil votar y más fácil socavar la voluntad del pueblo”, dijo Patterson en una oración.
He aquí un vistazo a lo que hace la orden, lo que las agencias federales han hecho hasta ahora para cumplirla y lo que dicen los republicanos al respecto.
Destinado a facilitar la votación
Biden emitió la orden ejecutiva el 7 de marzo de 2021, señalando el “deber del gobierno federal de garantizar que el registro para votar y el acto de votar sean simples y fáciles para todos aquellos elegibles para hacerlo” y que se implementaría “de conformidad con ley aplicable.” Se pidió a los líderes de las agencias que presentaran un plan estratégico en un plazo de 200 días.
La orden ordenó actualizaciones del sitio web federal vote.gov, incluida la garantía de que la información sobre la votación esté disponible en más de una docena de idiomas. El sitio no se dedica a registrar votantes directamente, sino que conecta a los visitantes con las oficinas electorales estatales y locales para comenzar el proceso de registro.
La orden menciona específicamente al Departamento de Defensa y le pide que establezca procedimientos para brindar al personal militar en servicio activo la oportunidad cada año de registrarse, actualizar su información de registro de votantes o solicitar una boleta de voto ausente.
También ordena al Departamento de Justicia que proporcione materiales educativos sobre el registro y la votación a quienes se encuentran bajo custodia federal mientras se preparan para ser liberados, junto con información sobre las reglas que podrían prohibirles votar.
Los republicanos cuestionan el enfoque
Un año después de que se emitiera la orden, los republicanos del Congreso enviaron una carta a la Casa Blanca planteando preocupaciones de que la administración se había excedido en su autoridad y estaba ordenando a las agencias federales que participaran en actividades más allá de su misión.
Los republicanos dijeron que el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE.UU. había informado a las agencias estatales que los costos de proporcionar servicios de registro de votantes eran gastos administrativos permitidos bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y podrían ser “reembolsados al nivel del 50 por ciento”.
“Utilizar el programa de nutrición multimillonario del país para implementar el plan de registro de votantes de la Administración Biden no sólo es motivo de preocupación, sino que requiere un mayor escrutinio”, escribieron los republicanos.
Lo que la carta no decía, según un ex funcionario de la Casa Blanca que ayudó a implementar la orden, es que los estados administran el programa de asistencia alimentaria y que se les ordenó específicamente que proporcionaran información sobre el registro de votantes en virtud de una ley federal aprobada hace años.
Justin Levitt, quien se desempeñó como asesor político senior en la Casa Blanca, también dijo que la agencia solo estaba reiterando orientación previa de que esos gastos eran reembolsables.
Unos meses más tarde, los republicanos enviaron cartas a agencias federales solicitando información sobre sus planes para cumplir con la orden. También incluyeron la derogación de la orden ejecutiva en un amplio proyecto de ley electoral que presentaron el año pasado.
El mes pasado, el presidente del Comité de Administración de la Cámara envió cartas solicitando documentos relacionados con la orden y fijó un plazo de dos semanas para cumplir. El presidente, el representante republicano de Wisconsin Bryan Steil, emitió entonces citaciones. Calificó la orden federal como “otro intento de la Administración Biden de inclinar la balanza de cara a 2024”.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la Oficina de Gestión y Presupuesto había enviado una respuesta inicial y que otras agencias estaban trabajando para responder al comité cuando emitió las citaciones.
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La orden requiere la participación del Estado
Si bien las agencias federales no han publicado sus propuestas, han anunciado las medidas que han tomado para cumplir con la orden.
Levitt, abogado y experto en derecho constitucional, describió la orden como innovadora pero de alcance limitado. Aunque la ley federal permite a las agencias ayudar con el registro de votantes, dijo que las oficinas de reclutamiento militar eran las únicas que lo hacían antes de que Biden emitiera la orden ejecutiva. También dijo que una agencia federal puede hacer esto sólo si un estado lo solicita.
“La mayor parte de lo que han hecho las agencias es directamente lo que los estados les pidieron que hicieran o aclararon las reglas para asegurarse de que la gente sepa cuáles son”, dijo Levitt.
Kansas y Nuevo México designaron dos universidades de nativos americanos administradas por el Departamento del Interior de Estados Unidos como agencias de registro de votantes. Kentucky y Michigan han dicho que designarán oficinas de la Administración de Veteranos en sus estados. Michigan también planea agregar oficinas de la Administración federal de Pequeñas Empresas.
Pidiendo a la Corte Suprema que intervenga
Un grupo de republicanos, que son los principales funcionarios electorales de su estado, también ha criticado la orden, calificándola de extralimitación federal en la administración de las elecciones estatales.
El secretario de Estado de Virginia Occidental, Mac Warner, envió una carta en mayo de 2022 pidiendo a Biden que la rescindiera y habló en contra cuando testificó ante el Congreso el año pasado. Hace unos meses, emitió una declaración diciendo que su estado se negaría a aceptar cualquier formulario de registro de votantes recopilado por las agencias federales.
“Agregar agencias federales a un proceso administrativo ya complejo hará que sea aún más difícil para los funcionarios electorales garantizar servicios de registro oportunos y precisos antes de las elecciones”, dijo en un comunicado en abril.
En mayo, Warner se unió a otros ocho secretarios de Estado republicanos para presentar un escrito ante la Corte Suprema de Estados Unidos pidiendo a los jueces que aceptaran un caso impugnando la orden. Los demás eran de Arkansas, Indiana, Luisiana, Mississippi, Montana, New Hampshire, Tennessee y Wyoming.
El tribunal rechazó una petición para abordar y decidir el caso a finales de junio, y no lo considerará por primera vez hasta la primera conferencia privada de los magistrados a principios de otoño. En el improbable caso de que el tribunal acepte escuchar el caso, los argumentos no se llevarían a cabo antes de principios del próximo año.
“Por más inofensiva que sea una orden”
Los republicanos que se oponen a la orden ejecutiva la han denominado “Bidenbucks”, una aparente referencia a la controversia que estalló después de las elecciones de 2020, cuando el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, proporcionó más de 350 millones de dólares a una organización sin fines de lucro que luego se distribuyó a las oficinas electorales. Los republicanos han afirmado que el esfuerzo de los “Zuckerbucks” fue un intento de beneficiar a los demócratas.
David Becker, exabogado del Departamento de Justicia que dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral, dijo que el momento en que se intensificaron las críticas (años después de que Biden emitiera la orden ejecutiva y apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales) es digno de mención.
“Se está presentando como una toma de poder del Estado profundo, cuando en realidad es un esfuerzo para garantizar que los ciudadanos elegibles que interactúan con el gobierno federal puedan registrarse fácilmente o actualizar su registro”, dijo Becker. “Es lo más inocuo que puede llegar a ser una orden”.
Dijo que un beneficio importante de la orden federal es que los votantes ya registrados tienen oportunidades para actualizar su información. Eso garantiza censos de votantes más precisos, algo que los republicanos han dicho que es necesario.
“Es bueno para la integridad electoral. Es bueno para la participación”, afirmó Becker. “Esto no solía ser controvertido”.
AP
