El Instituto Duartiano solicitó formalmente a la Cámara de Diputados, a través de su Comisión Permanente de Justicia, la eliminación del numeral 11 del artículo 86 del proyecto del Código Penal, el cual clasifica la deportación o traslado forzoso de la población como un crimen de lesa humanidad, lo que, según la entidad, dificultará las acciones de repatriación de personas extranjeras indocumentadas en el país.
El presidente del organismo patriótico, doctor Wilson Gómez Ramírez, manifestó su preocupación y precisó que “ese precepto legal afectaría las operaciones de repatriación de población extranjera, especialmente la haitiana, cuya presencia es masiva en nuestro país”.
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Añadió que la imposición de una pena de 40 años de prisión para tales casos pretende disuadir a las autoridades dominicanas, incluyendo las migratorias, militares y policiales, limitando su capacidad de acción y responsabilidad de preservar la soberanía nacional.
Gómez Ramírez subrayó la gravedad de la situación, indicando que la República Dominicana ha sido objeto de una ocupación multitudinaria desafiante debido a la falta de controles fronterizos efectivos, la corrupción y la irresponsabilidad de algunas autoridades y ciudadanos, así como la intervención de organismos internacionales que, violando el principio de no intervención, implementan programas nocivos al interés de la Nación a través de ONGs nacionales y extranjeras.
En una comunicación dirigida a la Comisión de Justicia, a través Alexis Jiménez González, el Instituto Duartiano precisó que entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Justicia, junto con agentes norteamericanos, presionan constantemente para impedir el legítimo derecho de la República Dominicana de repatriar a extranjeros ilegales en su territorio.
En relación al artículo 299 del proyecto de Código Penal, que aborda las discriminaciones cometidas por la autoridad pública, Gómez Ramírez instó a los congresistas a garantizar que la redacción del artículo proteja contra el ejercicio abusivo del derecho y prevea sanciones para aquellos que interpongan acciones temerarias en este sentido.
