Quito, EFE.- Defensores de derechos humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la crisis carcelaria en Ecuador y pidieron acciones “efectivas y transparentes” en el país para solucionar la situación.
La petición la realizaron en el marco del 190 periodo de sesiones de la CIDH, que tuvo lugar la semana pasada, cuando se llevó a cabo la audiencia temática ‘Ecuador: derechos humanos de las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria’.
Durante la sesión, expertos y defensores de derechos humanos discutieron la grave situación en los centros penitenciarios del país, resaltando lo que consideran “deficiencias sistémicas y persistentes violaciones de derechos fundamentales”, indicaron este lunes en un comunicado las organizaciones de derechos humanos.
Violencia intramural
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, mencionó que, en los últimos años, la falta de control estatal, la sobrepoblación y las condiciones deficientes han facilitado la violencia intramural, “permitiendo que las pandillas cometan crímenes atroces que suman más de 600 víctimas mortales”.
Para Goebertus, la respuesta estatal ante la crisis ha sido “inadecuada y tardía”.
Además, expresó su preocupación en la medida en que “el control interno, lo mismo que la tortura y malos tratos, han pasado de manos del crimen organizado a manos de personal militar”.
Los militares tomaron control de las cárceles en enero pasado cuando, en medio de una creciente ola de violencia, el jefe de Estado, Daniel Noboa, entre otras acciones, también declaró el “conflicto armado interno” contra 22 grupos criminales, a los que pasó a llamar “terroristas”.
Noboa respalda a policías y militares
En un informe presentado en mayo, la Defensoría del Pueblo contabilizó 24 fallecimientos de presos en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, “por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición”.
Ante esas denuncias, el Gobierno de Noboa ha reforzado su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas y ha criticado a organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que ha denunciado en el escenario internacional estos presuntos excesos de las fuerzas del orden.
Presupuesto y transparencia
Ante la CIDH, la directora nacional del Mecanismo de Prevención Contra la Tortura, Gabriela Hidalgo, comentó que las reducciones presupuestarias han limitado las capacidades de su institución para prevenir la tortura en contextos de encierro penitenciario y formar en derechos humanos a distintas instancias.
“Entre 2019 y 2024, el monto asignado para visitas a centros carcelarios y trabajo de prevención de la tortura se ha reducido en un 82 %”, aseveró.
Ignacio Boulin, socio de Southern Lights Group y abogado de víctimas de las masacres carcelarias, destacó la necesidad de transparencia y gestión administrativa eficaz para resolver la crisis, y propuso transparentar la situación carcelaria a través de un sitio web de carácter informativo, de acceso libre y en tiempo real.
La directora de Iniciativas para la Reintegración, María Amelia Espinosa, apeló a la corresponsabilidad de la ciudadanía en el contexto carcelario.
“Las personas detenidas tienen derecho a crear itinerarios personales y profesionales que les inspiren y les permitan integrarse socio laboralmente. Debemos entender que, al acortar las brechas de igualdad, aportamos a la reducción de la reincidencia y reclutamiento criminal, y necesariamente a la mejora de la seguridad, que ha caído en un paradigma obsoleto de control”, dijo.
