Una ciudadana española negó este martes en una vista celebrada en la Audiencia Nacional integrar una organización dedicada al tráfico ilegal de niños desde República Dominicana a España, razón por la que es reclamada por el país caribeño para ser juzgada con otros cuatro implicados.
La mujer declaró que no quiere ser entregada a República Dominicana porque no ha cometido el delito por el que se pide su extradición.
La fiscalía estimó procedente la extradición a República Dominicana, dado lo avanzada que está la causa en el país caribeño, que ya ha abierto el juicio oral, y que tiene más sentido que sea juzgada conjuntamente con los otros cuatro acusados y no en una vista aparte en España.
Añadió, además, que en República Dominicana se encuentran todas las pruebas esenciales, como los menores perjudicados y los peritos.
Por su parte, el abogado defensor se opuso a la extradición, y mantuvo que su representada no es autora de los delitos que se le atribuyen, sino una víctima “ingenua” ya que simplemente se dedicó a ayudar a los niños dándoles comida y donaciones, como habitualmente hacía con diversas organizaciones.
Alegó que, en el caso de que fuera entregada, no se garantizaría que pudiera seguir con su tratamiento oncológico, con lo que se pondría el juego su derecho a la vida, además de los derechos de un menor como su hijo.
Además, aseguró que su representada ha recibido amenazas “de la gente de República Dominicana” para que no se defienda y que ello también pone en riesgo su integridad física.
Según la reclamación de las autoridades dominicanas, que recoge la fiscalía española en su informe, la mujer se dedicaba al tráfico ilegal de niños, niñas y adolescentes por medio de una estructura transnacional.
La reclamada está acusada de ser una de las personas que estaba a la cabeza de la operación para que los menores fueran llevados hasta España con pasaportes dominicanos obtenidos a base de documentos y testimonios falsos.
La fiscalía expone que para lograr su propósito dicha estructura “simulaba que los niños habían sido maltratados en República Dominicana y solicitaban asilo de protección en España a favor de ellos y luego completaba el protocolo necesario para que [la acusada] les diera acogida en España apartándolos de sus familias biológicas”.
