A popósito de que en el día de ayer la comisión que estudia la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Gobierno llegaron a un consenso referente a la normativa, diputados de diferentes bancadas se mostraron en desacuerdo con la misma, alegando que esta vulnera derechos.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo resaltó que la Ley del DNI “le da facultades a una agencia que viola derechos fundamentales y que por encima de la Constitución, de los tribunales y de las leyes de oficio hace cosas que van en contra de los derechos humanos”.
“La Ley del DNI en ese formato que fue aprobado le quita competencia a muchas instituciones es como un suprapoder que hasta el presidente de la República tendrá que cuidarse porque son facultades que no son de un organismo de inteligencia ni de contrainteligencia”, indicó Crespo ante la prensa.
En tanto que el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz Valoró como “absolutamente innecesaria” la aprobación de esta ley, considerando que se le estaría atribuyendo funciones que no le corresponde a la Dirección Nacional de Investigaciones.
“Indudablemente lo que se presentó en esa oportunidad era inaceptable desde el punto de vista de que trataba de convertir a un órgano en este caso la Dirección Nacional de Investigaciones, que es una dirección del Gobierno, en una categoría no solo de fiscal, sino de juez, porque estaba ignorando lo que es única y exclusiva decisión de un juez, quien es el que tiene competencia como para autorizar las atribuciones que estaba asumiento la Dirección Nacional de Investigaciones en esa ley que nunca debió haber sido aprobada”, sostuvo Díaz.
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La comisión que estudia la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), llegó al consenso de presentar ante el Congreso Nacional la propuesta de modificación a cinco de los 39 artículos que componen ese texto legislativo.
De acuerdo con las declaraciones de Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y vocero de la comisión, se presentarán cambios a los artículos 01, 02, 09, 11 y 26 de esa ley, buscando la corrección de “ambigüedades” que habían sido identificadas por varios sectores de la sociedad civil.
Sin adelantar muchos detalles, la comisión informó que las principales modificaciones son para especificar que cada acción planteada en la ley, debe ser antecedida por una orden judicial.
“Se han hecho los ajustes de lugar, sobre todo en aquellas disposiciones que se insinuaba que su actuación debería de estar precedida de una autorización judicial, lo cual nosotros entendíamos que estaba dicho en términos generales, pero la comisión ha entendido que debe de decirlo de manera específica en cada uno de los artículos que refieren a esas acciones y nosotros así lo hemos aceptado”, expresó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien es el representante del Gobierno en la comisión.