Por Ling Almánzar
El presidente Luis Abinader demuestra con hechos defender y ahorrar los recursos del Estado a como dé lugar, propiciando dos olas de reducción y reforma de instituciones, donando su salario y eliminando sus gastos de representación, llegando incluso a reducir su patrimonio y a promover el sacrificio en otro poder, con su propuesta de eliminar 53 diputados.
Como una muestra fehaciente de sus sacrificios, su patrimonio se redujo considerablemente en más de 200 millones de pesos en sus primeros cuatro años de Gobierno.
En la primera ola de reformas, el mandatario suprimió el Despacho de la Primera Dama, la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), el Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad), el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), Comunidad Digna y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). La Comisión Liquidadora de Órganos del Estado se encarga de disolver y liquidar estas instituciones, que manejarían en su conjunto más de 14 mil millones de pesos a inicios del Gobierno.
Asimismo, le dio luz verde a la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuyo proceso sigue en marcha. Esta entidad sigue operando un tanto autónoma del Ministerio de Energía y Minas. La UERS (Unidad de Electrificación Rural y Suburbana) va también en vías de desintegración. Además, se fusionaron Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), haciendo de las dos una sola institución, para así ahorrar recursos.
Con la segunda ola de reformas, que afecta a más de diez entidades, el jefe de Estado busca achicar aún más el Estado, en aras de mayor transparencia y eficiencia en la Administración Pública.
De este modo, los ministerios de Educación y Educación Superior serían uno solo; el Ministerio Administrativo se convertiría en un “Secretariado administrativo” del Ministerio de la Presidencia; las carteras de Economía y Hacienda se unificarían en el Ministerio Hacienda y Economía.
Además, el Instituto Agrario sería absorbido por Agricultura, y el Consejo de Investigación Agropecuaria formaría parte del Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria; la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y el programa Supérate serían una sola institución.
La cosa no termina ahí. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Fonvivienda y Familia Feliz pasarían al Ministerio de Vivienda, y los Comedores Económicos entrarían al Plan Presidencial contra la Pobreza (o Plan Social, como se le conoce). Se suprimirían la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, el Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior, el Consejo Nacional de Población y Familia y la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria, así como la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología y Fodearte.
El Acuario Nacional y la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos darían paso al nuevo Instituto Oceanográfico.
Así también, se dispuso frenar o congelar la nómina pública, y que solo se puedan nombrar policías, médicos y educadores.
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Sacrificio y austeridad
En 2021 se prohibió a los funcionarios viajar en primera clase, y se estableció que los viajes serían específicos y con muy contados funcionarios. Es más, se anunció entonces que el Gobierno se estaba ahorrando una millonada por ese concepto. También se eliminó la compra de vehículos sin previa autorización y justificación para ello.
En febrero de este año, se limitaron las exoneraciones y exenciones para los vehículos de motor en el Estado. Además, se prohibió la circulación de los vehículos estatales los sábados, domingos y días feriados, excepto un caso específico, justificado y autorizado por el funcionario correspondiente, y nunca para hacer diligencias personales.
En junio pasado, el Ministerio de Administración Pública resolutó que las instituciones del Estado solo podían nombrar una cantidad máxima de asesores equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución.
José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia, ha dicho que las reformas propuestas son para mejorar la gestión pública, recortando 20 diputados y unificando las elecciones en el 2028, para así ahorrar recursos y lograr un mejor funcionamiento del Estado.
