La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga por este caso a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS que aprobaron la contratación de cooperativas privadas para la operación de servicios de salud con aparentes sobreprecios y plazo excesivo.
Los delitos investigados son influencia en contra de la Hacienda pública y tráfico de influencias. Los involucrados son, además de la presidenta de la CCSS, seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la entidad de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, explicó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.
El MP agregó que las ofertas adjudicadas eran “excesivas” y causaron un incremento anual de más de 12.400 millones de colones (unos 24 millones de dólares) respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas.
Las autoridades judiciales sospechan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual “pudo haber generado una ventaja indebida”, y además indagan sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado a 10 años, ya que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años.
La denuncia fue presentada por la Auditoria Interna de la CCSS, explicó el MP.
El asesor legal de la junta directiva de la CCSS, David Valverde, dijo que la entidad está colaborando con las autoridades y les han facilitado el acceso a oficinas y dispositivos digitales de interés.
En Costa Rica la CCSS se encarga de todos los centros de salud públicos, pero desde hace unos años contrata cooperativas de salud privadas para operar algunos Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), que son pequeños locales de atención primaria en comunidades y barrios.
El caso que investiga la Fiscalía abarca 138 EBAIS de las áreas de salud de Pavas, Desamparados, Santa Ana, San Francisco, San Antonio, Tibás, La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho, todas en la provincia de San José (centro), además de San Pablo y Barva, en la provincia de Heredia (centro).
