María Elena Vásquez, la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), reveló que por primera vez ha sido sancionado un caso por colusión en las contrataciones públicas, referente a dos empresas distribuidoras de insumos para la elaboración de alimentos destinados a las cárceles del régimen penitenciario nacional.
Se trata de un hecho sin precedentes, valorado y reconocido por doña Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), quien se refirió a la sanción del primer caso de colusión como un éxito en esta gestión de ProCompetencia.
‘‘Hace años que se creó ProCompetencia y es ahora cuando comienza a funcionar. Es importante que se hable de colusión y por primera vez aquí tenemos sentencia de esta práctica anticompetitiva’’, expresó Ortiz Bosch, al pronunciar las palabras introductorias del conversatorio ‘‘ProCompetencia: mejores prácticas en cumplimiento normativo y transparencia”.
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En su intervención, Vásquez destacó que entre los hallazgos que sirvieron de base para detectar el esquema colusorio entre las empresas participantes, figuran la relación entre los accionistas de ambas empresas pertenecientes a un mismo núcleo familiar; la coincidencia en los precios y productos ofertados, así como la representación mutua en la fase de ejecución contractual.
‘‘Por primera vez en la historia de la República Dominicana se sanciona a dos empresas por coludir en procesos de compra y contratación pública, y esto fue posible gracias a la entidad pública donde se desarrolló esta práctica anticompetentiva, pero también a la colaboración que hemos logrado con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)’’, expuso.
Agregó que las empresas fueron sancionadas conforme a la normativa y la estimación del daño se calculó sobre la base de las fórmulas económicas que la institución ha publicado en sus guías metodológicas y que dotan de seguridad jurídica y certeza los procesos sancionadores de la institución.
Otro de los temas abordados fue el rol de los representantes de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI), a los que calificó como piezas fundamentales en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones gubernamentales, así como en el ámbito de las contrataciones públicas, cuya función es vital para prevenir el favoritismo en la asignación de contratos y la colusión.
‘‘Sin temor a equivocarnos, los representantes de las OAI fungen como una herramienta de control y supervisión, promoviendo un entorno de compras más equitativo y eficiente, a sabiendas de que la contratación pública es un proceso altamente susceptible a la corrupción y prácticas anticompetitivas. Ante esto, las OAI son responsables de garantizar que la información relevante sobre los procesos y decisiones del sector público esté disponible para el escrutinio de la sociedad’’.
Vásquez se pronunció en estos términos al participar en el segundo día del 3er Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, que organiza la Digeig.
