La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó ante el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) una solicitud de investigación para la revocación de la concesión otorgada a las empresas Interamerica Broadcasting & Production Company y Trendy, que operan los canales 7 y 21. La organización argumenta que dichas empresas violan la Ley General de Telecomunicaciones al estar controladas por capital extranjero, lo cual está prohibido.
Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, explicó que las concesiones fueron transferidas de manera ilegal a una compañía extranjera, violando la Ley No. 153-98. Según la denuncia, Indotel aprobó la transferencia bajo la premisa de que las empresas eran de capital dominicano, pero posteriormente se descubrió que la mayoría de las acciones pertenecen a una empresa extranjera que actualmente administra los canales.
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De la Rosa Tiburcio recordó que en 2019, mediante la resolución 072-19, Indotel dejó sin efecto la transferencia de las frecuencias debido a que la ley prohíbe que los medios de comunicación sean controlados por extranjeros. A pesar de esta resolución, los canales siguen operando en situación irregular.
Adocco presentó pruebas de la violación, incluyendo una certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que confirma que la compañía que administra las frecuencias es 99% de capital extranjero, dejando solo un 1% en manos de un dominicano.
“Hemos entregado al Indotel una certificación que demuestra que esta empresa es casi completamente extranjera, con solo un 1% en manos dominicanas, lo que representa una clara violación a la Ley 153-98”, declaró de la Rosa Tiburcio.
La denuncia también solicita investigar a José Miguel Bonetti, por haberse asociado con extranjeros para transferir las frecuencias sin cumplir con la ley, la cual prohíbe el control de estaciones de televisión por parte de capital extranjero.
El presidente de Adocco afirmó que Bonetti intentó hacer pasar a las empresas como dominicanas: “Bonetti se asoció de manera ilegal con extranjeros y pretendió que las empresas fueran vistas como de capital dominicano”.
De la Rosa Tiburcio recordó que varios procesos judiciales han respaldado la ilegalidad de la operación, incluyendo una resolución del Tribunal Superior Administrativo y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en enero de 2023, que ratificaron la posición del Estado.
Confía en que la actual dirección de Indotel actuará: “Confiamos en que, con la nueva administración de Indotel, este caso recibirá la atención que merece, dado que se trata de una evidente ilegalidad”.
Por último, propuso que las frecuencias sean devueltas al Estado y subastadas de manera abierta y transparente. “Las frecuencias, que son propiedad del Estado, deben ser recuperadas, y se debe proceder a una subasta para que puedan ser adquiridas legalmente por interesados”, sugirió.
Adocco reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y aseguró que seguirá luchando para que los medios de comunicación en República Dominicana sigan siendo controlados por dominicanos, conforme a la ley.
Por: Itzel Olivo
