El contrato de “cooperación” entre la empresa Aurix, del hoy imputado José Manuel Gómez Canaán (Jochi) y entre el Ministerio de Defensa no podría estar más plagado de irregularidades y ambigüedades que generan riesgos y amenazas a la seguridad nacional de la República Dominicana.
En un reportaje de N Investiga se detallan las irregularidades sobre lo que realmente se contrató entre Aurix y el Ministerio de Defensa, como la falta de monto del acuerdo; definición ambigua del objeto del contrato; la falta de claridad sobre las responsabilidades de la empresa, que se define de seguridad nacional; la supervisión y control vagamente definidos.
Otra de las irregularidades es que el contrato no especifica que haya sido autorizado por el presidente de la República, en ese entonces Danilo Medina, lo que contraviene la ley, que establece que el Ministerio de Defensa no puede suscribir acuerdos de índole de seguridad nacional, sin la autorización del comandante en jefe del país, que en este caso es el mandatario.
Cabe destacar que la empresa de Jochi Gómez, cuyo nombre ha sido sonoro durante años por diversos escándalos, fue constituida un mes antes de que se suscribiera el contrato, en mayo del 2020, otro elemento que llama la atención.
A través del contrato, el propio Gómez realizó la compra de aparatos de espionaje que fueron avalados por el Ministerio de Defensa, en ese entonces dirigido por el exteniente general Rubén Darío Paulino Sem.
Estos equipos de espionaje fueron buscados por Jochi Gómez en un avión privado a Alemania y no hay constancia de que hayan pasado por Aduanas o que hayan pagado impuestos.
El director operativo de Aurix, Aquiles Jiménez, es otro de los elementos que llaman la atención de este contrato, ya que este personaje lleva años escribiendo mensajes amenazantes a funcionarios y empresarios sobre sus vidas privadas, informaciones que obtiene producto de las ventajas que la empresa tenía en el manejo de datos.
Otro de los elementos escandalosos de este acuerdo, que fue firmado 54 días antes de que el expresidente Danilo Medina entregara el poder, es que los archivos confidenciales del Ministerio de Defensa podían ser manejados a discreción de Aurix.
El contrato no establece monto económico por el servicio de vigilancia y espionaje que prestó Aurix al Estado dominicano, por lo que no se sabe su costo, aunque sí se sabe el alto costo en términos de la violación a la privacidad y derechos fundamentales.
Con este contrato se legalizó la práctica ilegal de la intromisión en la vida de terceros para beneficio propio.
